Tel Aviv 23 Mar. (EUROPA PRESS) – El Gabinete de Seguridad del Consejo de Ministros israelí ha probado la creación de una agencia para gestionar la «salida voluntaria» de la población palestina de la Franja de Gaza hacia otros países que dependerá del Ministerio de Defensa israelí.
La nueva agencia coordinará las acciones de otros organismos oficiales, como las Fuerzas Armadas, el Shin Bet –servicios secretos para el interior de Israel y los territorios ocupados– o la Policía, aunque estará bajo la autoridad del ministro de Defensa, Israel Katz.
Podrá además comunicarse con organizaciones internacionales para «preparar y facilitar la salida segura y supervisada de la población de Gaza que desee marcharse voluntariamente a terceros países», según la propuesta del propio Katz aprobada por el Gobierno y recogida por el diario ‘Yedioth Aharonoth’.
Así, deberá garantizar la salida segura a través de rutas y se encargará de instalar controles para la población que abandone a pie el enclave a través de los pasos fronterizos. Después coordinará la infraestructura y los desplazamientos terrestres, marítimos y aéreos hasta los países de destino.
«Estamos trabajando por todos los medios para poner en marcha la idea del presidente estadounidense (Donald Trump) y permitir que cualquier residente de Gaza que así lo desee pueda marcharse voluntariamente a un tercer país», ha explicado Katz.
Según estudios israelíes sobre la población gazatí, aproximadamente la mitad de los más de dos millones de habitantes de la Franja de Gaza quieren marcharse. Además, un 90 por ciento de la población con estudios universitarios estaría dispuesta a emigrar si se les da la oportunidad.
La semana pasada el propio Katz dirigió un mensaje a la población de Gaza en el que aseguraba que «la evacuación de la población comenzará pronto» y les invitada a «echar a Hamás».
En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina ha manifestado su «extrema preocupación» por la «creación de una administración militar» para el desplazamiento de la población gazatí bajo el pretexto de la «reubicación voluntaria» en medio de una ofensiva militar que se ha cobrado ya más de 50.000 víctimas desde el ataque de las milicias gazatíes contra suelo israelí del 7 de octubre de 2023.
Trump ha planteado que más de 1,5 millones de palestinos sean trasladados a la fuerza a Egipto y Jordania y ha dicho incluso que Washington podría hacerse con el control del enclave, algo rechazado frontalmente por la Autoridad Palestina, Hamás y los países de la región, que han alertado incluso de que esto podría suponer una limpieza étnica.
Israel legaliza trece nuevos asentamientos en Cisjordania
El Gabinete de Seguridad del Consejo de Ministros israelí ha aprobado la legalización de trece nuevos asentamientos en Cisjordania, que serán reconocidos a partir de ahora como municipios dentro de la administración israelí.
Se trata de los asentamientos de Alon, Harasha, Kerem Reim, Neria, Migron, Shvut Rachel, Avnat, Brosh HaBika-Bitronot, Leshem, Nofei Nehemia, Tal Menashe, Ibei Hanahal y Givatot.
«Esta decisión impulsada por el ministro (de Finanzas, Bezalel) Smotrich dentro de la Administración de Asentamientos sobre la que tiene autoridad se suma a la aprobación de decenas de miles de viviendas en Cisjordania y supone otro importante paso adelante hacia la normalización y regularización de los asentamientos», ha destacado la oficina del ultranacionalista Smotrich en un comunicado recogido por el diario ‘Yedioth Aharonoth’.
«Seguimos, con ayuda de Dios, liderando la revolución de la normalización y regularización de los asentamientos. En lugar de escondernos y pedir perdón estamos alzando la bandera, construyendo y colonizando. Es otro paso crucial para una soberanía real en Cisjordania», ha argumentado.
En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina ha denunciado que la medida es un «desprecio a la legitimidad internacional y sus resoluciones» y ha condenado las declaraciones posteriores de autoridades israelíes que «se jactan de que supone un paso hacia la anexión de Cisjordania».
Por ello «exige» a todos los países «revisar su posición y presionar al gobierno de la ocupación para que cumplan con las resoluciones internacionales». Pide además la imposición de sanciones «que obliguen al gobierno de ocupación a poner fin a su guerra de genocidio, desplazamiento y anexión y a acatar la voluntad internacional de paz».
Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado las declaraciones «racistas» de Smotrich sobre la ampliación y normalización de asentamientos que busca «imponer una política de hechos consumados y consolidar la ocupación colonial de nuestra tierra palestina».
«Roban la tierra y los lugares sagrados e imponen un régimen de apartheid y odio en flagrante violación de todas las leyes y convenciones internacionales y humanitarias», ha añadido el grupo islamista palestino, que ha defendido por ello «la resistencia en Cisjordania para frustrar todos los planes de la ocupación (…) sean cuales sean los sacrificios».
Hamás ha hecho además un llamamiento a las naciones musulmanes y «a los pueblos libres del mundo» a asumir su responsabilidad y enfrentarse a la «expansión colonial» israelí. «Romped el silencio internacional sobre los crímenes cometidos a diario por la ocupación contra nuestro pueblo, nuestra tierra y nuestros lugares sagrados», ha apelado.
Cisjordania –incluida Jerusalén Este– y la Franja de Gaza –de la que Israel se retiró formalmente en 2005– fueron ocupados militarmente por Israel en la guerra de 1967 junto con los Altos del Golán sirios.
En total, en Cisjordania viven unos 700.000 colonos judíos, parte en colonias consideradas legales por Israel y parte en asentamientos considerados ilegales incluso por el Gobierno israelí. El Derecho Internacional considera un crimen de guerra la colonización de territorios ocupados militarmente.