San José, 25 Mar (Elpaís.cr).- La Asamblea Legislativa de Costa Rica dio este lunes un paso crucial en la protección de los océanos al aprobar, por unanimidad y en segundo debate, el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Zonas Fuera de Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés).
Este convenio, adoptado en junio de 2023 en la ONU, busca regular actividades en aguas internacionales, que representan el 64% de los océanos del planeta y albergan ecosistemas críticos para la vida marina y los servicios ambientales globales.
Acuerdo histórico con liderazgo costarricense
El Acuerdo BBNJ, también conocido como «Tratado de Alta Mar», es el tercer instrumento derivado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Su adopción fue el resultado de casi dos décadas de negociaciones, en las que Costa Rica desempeñó un rol protagónico, tanto en las discusiones técnicas como en la promoción de consensos entre países.
El 20 de septiembre de 2023, Costa Rica se convirtió en el segundo país del mundo en firmar el acuerdo, durante una ceremonia en la sede de la ONU en Nueva York.
Este gesto reflejó el compromiso histórico del país con la conservación marina, alineado con su tradición de liderazgo ambiental, que incluye iniciativas como la Carta Democrática Ambiental y la promoción de áreas marinas protegidas.
«Este acuerdo es un triunfo para el multilateralismo y para la protección de los océanos, que son patrimonio común de la humanidad», destacó la diputada independiente Cynthia Córdoba durante el debate legislativo.
¿Qué establece el Acuerdo BBNJ?
El texto del acuerdo, compuesto por 76 artículos y dos anexos, se enfoca en cuatro pilares principales:
Recursos genéticos marinos: Regula el acceso y la distribución justa de beneficios derivados de la explotación de especies en aguas internacionales, un tema clave para la bioprospección farmacéutica y científica.
Áreas marinas protegidas (AMP): Permite la creación de zonas de conservación en alta mar, algo que hasta ahora carecía de un marco legal global.
Evaluaciones de impacto ambiental (EIA): Obliga a los países a estudiar los efectos de actividades como la minería submarina, la pesca industrial o la geoingeniería oceánica.
Fortalecimiento de capacidades: Promueve la transferencia de tecnología marina a países en desarrollo, asegurando que la conservación no profundice desigualdades.
Además, el acuerdo reafirma principios clave como:
La protección del equilibrio ecológico marino.
La responsabilidad internacional de los Estados por daños ambientales.
La soberanía de las naciones sobre sus aguas jurisdiccionales.
Un debate rápido y unánime
El proyecto 24.373 recibió un aprobación expedita en el Congreso, luego de que la Sala Constitucional determinara que no presentaba objeciones legales.
Durante la discusión, diputados de todas las bancadas resaltaron la importancia del acuerdo:
Manuel Morales (PSD): «Este tratado es un avance para frenar la sobreexplotación de los océanos, que hoy enfrentan amenazas como la pesca ilegal y la contaminación por plásticos».
Kattia Cambronero (independiente): «Costa Rica debe seguir impulsando políticas que armonicen el desarrollo económico con la protección de los mares».
Sofía Guillén (FA): «El BBNJ es un paso hacia la justicia ambiental, especialmente para las comunidades costeras que dependen de los recursos marinos».
Un largo camino de negociaciones
El proceso para llegar a este acuerdo comenzó en 2004, cuando la ONU estableció un Grupo de Trabajo para analizar las brechas legales en la protección de la biodiversidad marina. Tras años de discusiones técnicas, en 2018 se iniciaron negociaciones formales, que culminaron en 2023 con la adopción del texto, respaldado por 150 votos a favor y solo 2 en contra (Rusia y Corea del Norte).
Costa Rica, junto a países como México, Chile y la Unión Europea, impulsó la inclusión de mecanismos vinculantes para garantizar que las áreas protegidas en alta mar no queden solo en el papel.
Próximos pasos: Ratificación y desafíos
Aunque el acuerdo ya fue aprobado por el Congreso costarricense, aún requiere de la firma del presidente Rodrigo Chaves y su posterior depósito ante la ONU.
Para entrar en vigor a nivel global, se necesitan al menos 60 ratificaciones de países miembros. Hasta la fecha, 112 naciones lo han ratificado y 21 países han firmado el Tratado de Alta Mar, que permite la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Solo siete países lo han ratificado hasta ahora: Belice, Chile, Islas Mauricio, Micronesia, Mónaco, Palaos y el archipiélago de las Seychelles.
Desafíos pendientes:
Implementación efectiva: El éxito del acuerdo dependerá de que los países cumplan con la creación de áreas protegidas y las evaluaciones ambientales.
Financiamiento: Se requiere un fondo internacional para apoyar a naciones en desarrollo en la protección marina.
Coordinación con otros tratados: Deberá articularse con convenios como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Un legado para las futuras generaciones
El Acuerdo BBNJ representa un hito en el derecho ambiental internacional, comparable a la firma del Acuerdo de París para el clima. Para Costa Rica, su ratificación refuerza su imagen como líder en conservación y abre oportunidades para:
Investigación científica en aguas profundas.
Cooperación regional en la protección del Pacífico Tropical Oriental.
Atracción de fondos verdes para proyectos marinos.
Como señaló la cancillería costarricense en un comunicado: «Este acuerdo asegura que las generaciones futuras hereden un océano saludable, capaz de sostener la vida y los medios de subsistencia».
Con esta aprobación, Costa Rica reafirma su compromiso con la gobernanza oceánica global, en un momento crítico donde la sobrepesca, la acidificación de los océanos y la minería submarina amenazan la biodiversidad marina. El siguiente paso será impulsar que más naciones se sumen a este esfuerzo, asegurando que el «Tratado de Alta Mar» no sea solo un documento, sino una herramienta real para salvar los océanos.
Lo mismo de siempre, los Acuerdos internacionales no se respetan, sólo quedan en el papel lamentablemente, lo hemos visto en todas las administraciones, la actual, PLN, PUSC, PAC… Para las y los que tratamos de proteger lo que queda de los bienes comunes, es como si no contáramos ni siquiera con tanto marco legal ambiental, porque quién manda son los intereses económicos y la corrupción a nivel de los ministerios que deben de proteger la salud, el ambiente, etc.