San José, 27 Mar (Elpaís.cr).- La decisión de suspender la discusión del proyecto de Ley de «Armonización del Sistema Eléctrico Nacional» (Expediente 23.414) no elimina los riesgos de privatización de la electricidad pública en Costa Rica.
Aunque la presión social y el cálculo electoral llevaron a una pausa temporal, organizaciones sociales y sindicales advierten que la amenaza persiste.
Una pausa estratégica, no una derrota del privatizador
Este jueves, una coalición de diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Nueva República logró frenar temporalmente el trámite del polémico proyecto, que busca reestructurar el mercado eléctrico y abrir paso a mayor participación privada. La moción de posposición fue aprobada con cinco votos a favor y dos en contra en la Comisión Especial del Sector Energético, donde se discutían casi 500 mociones de reforma.
Sin embargo, para la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), este alto no es una victoria definitiva. «Sabemos que esta tregua electoral es insuficiente. Vendrán más proyectos en la misma dirección nefasta de desmantelar el modelo público del ICE», declaró la organización en un comunicado.
La diputada oficialista Daniela Rojas, presidenta de la comisión y defensora del proyecto, criticó la decisión: «Mientras yo sea presidenta, haré todo lo posible para avanzar con esta ley, porque el país la necesita». Su postura contrasta con la del Frente Amplio, que celebró la suspensión pero alertó sobre futuros intentos de reactivación.
El fantasma de la privatización y las presiones externas
Uno de los aspectos más preocupantes, según denuncian sectores opositores, es la injerencia de intereses extranjeros.
Rojas reveló que el martes 18 de marzo se reunió con una delegación del Congreso y Senado de EE.UU. para discutir el sector eléctrico costarricense. «Todos los presentes, excepto el FA, hablaron a favor del proyecto», admitió.
¿Por qué este repentino «cambio de opinión» del PLN, que días antes apoyaba la ley? Para FECON, la respuesta es clara: «Ahora paran por miedo al desgaste electoral, pero mañana podrían pactar con las cámaras empresariales un texto aún más privatizador».
El diputado Luis Fernando Mendoza (PLN) justificó la pausa como un llamado a «mesas de diálogo», pero sin descartar futuras negociaciones.
Mientras, la independiente Cynthia Córdoba –ausente en la votación– envió un mensaje ambiguo: «El proyecto no es la mejor alternativa, pero abre el mercado».
La lucha continúa: ¿electricidad como derecho o como negocio?
Para las organizaciones ecologistas y sindicales, este respiro debe usarse para replantear el modelo energético nacional. «No se trata solo de defender al ICE, sino de discutir qué tipo de transición energética queremos: ¿una basada en negocios privados disfrazados de ‘verdes’, o una que garantice la energía como derecho humano?», cuestionó FECON.
La diputada Sofía Guillén (FA) fue contundente: «Este proyecto no tiene futuro. Debemos buscar consensos en otras iniciativas». Sin embargo, Rojas insistió en que, sin votar las mociones pendientes, no se puede modificar el texto actual.
La batalla no ha terminado
La suspensión del trámite de la «Ley de Armonización» es un triunfo parcial para los defensores del ICE, pero el riesgo de privatización sigue latente. Con elecciones en el horizonte, los partidos podrían retomar el tema una vez pasada la tormenta electoral.
«La sociedad costarricense debe mantenerse alerta. Hoy ganamos tiempo, pero la defensa del modelo eléctrico público, justo y solidario, requiere vigilancia constante», concluyó FECON.
Mientras tanto, la comisión deberá votar cada jueves si mantiene la pausa o retoma el debate. La pulseada entre privatizadores y defensores de lo público está lejos de terminar.