Río de Janeiro (Brasil), 28 mar (Sputnik).- El Procurador General de la República de Brasil (Fiscal), Paulo Gonet, pidió el jueves archivar el caso sobre la presunta manipulación de datos del sistema público de salud para que constara que el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) se había vacunado contra el covid-19.
«Se verifica una ausencia de elementos que justifiquen responsabilizar a Bolsonaro», aseguró Gonet en el pedido de archivo enviado al juez instructor del caso, Alexandre de Moraes.
El fiscal consideró que el caso «exige pruebas autónomas además de la palabra del delator», algo que en su opinión sería «un hecho central para que el crimen se le pueda ser imputado» al exmandatario.
Toda la investigación se basaba en una confesión que hizo a la policía el exsecretario personal de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, quien declaró que el expresidente le pidió que le emitiera una cartilla de vacunación falsa para él y para su hija, Laura Bolsonaro.
El fiscal subraya que el 21 de diciembre de 2022 aparecieron en el sistema público de salud los datos de que Bolsonaro y su hija estaban inmunizados contra el covid-19.
Gonet relata que esa información era «ideológicamente falsa» y desapareció de los registros una semana después.
Sin embargo, el fiscal afirma que no hay pruebas que demuestren que Bolsonaro pidió la falsificación de su cartilla de vacunación, ni que utilizó ese documento.
Durante la investigación, la policía sospechó que el certificado había sido adulterado para que el exmandatario pudiera ingresar a EEUU, que exigía entonces estar vacunado contra el covid-19 para ingresar al país.
Las confesiones de Cid, no obstante, han sido claves en la investigación contra Bolsonaro por su presunta participación en un intento de golpe de Estado para evitar que el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva asumiera el poder en 2023.
La delación de Cid, fue la base de todas las investigaciones de la policía, que derivaron el miércoles en la imputación de Bolsonaro y otros siete exministros y militares, por cinco delitos de atentado contra la democracia.
Los implicados serán juzgados en los próximos meses. (Sputnik)