San José, 8 May (Elpaís.cr).- Costa Rica participó en una cadena de violaciones de derechos humanos contra más de 200 migrantes expulsados por Estados Unidos —incluyendo niños, niñas y adolescentes—, según un informe presentado este jueves por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM-CR) y American Friends Service Committee (AFSC).
El documento, basado en visitas de monitoreo y entrevistas con víctimas, detalla cómo el gobierno costarricense aceptó ser «puente» para recibir a personas de Rusia, Armenia, Afganistán, Yemen, República del Congo y otras nacionalidades, pero las sometió a detenciones ilegales de más de 60 días, negó información en sus idiomas y no evaluó sus necesidades de asilo.
«Esto no puede volver a ocurrir», advirtieron las organizaciones, que demandan al Estado abstenerse de firmar acuerdos similares y garantizar permisos de trabajo, atención humanitaria y protección internacional para los afectados.
Un acuerdo que derivó en abusos
El informe expone que, tras un pacto verbal entre EE.UU. y Costa Rica en febrero de 2025, las personas expulsadas desde territorio estadounidense fueron trasladadas al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM-EMISUR) en Paso Canoas, frontera con Panamá. Allí:
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Les retuvieron documentos y no pudieron moverse sin escolta policial.
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No recibieron asistencia psicológica ni evaluaciones individuales para acceder a refugio.
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Algunas fueron derivadas al programa de Retorno Voluntario Asistido de la OIM, pese a riesgos en sus países de origen, violando el principio de no devolución.
«En EE.UU. estuvimos en cuartos sin luz natural. Luego, en Costa Rica, nos encerraron sin explicaciones», relató una persona armenia que pidió anonimato. Otra entrevistada añadió: «No sabemos el idioma, ni las leyes, ni tenemos familia aquí. Es muy difícil».
Regularización migratoria: ¿solución insuficiente?
El 21 de abril, el gobierno de Rodrigo Chaves emitió una resolución para regularizar a los migrantes, permitiéndoles salir del CATEM. Sin embargo, las organizaciones critican que:
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El procedimiento es temporal y no asegura acceso a trabajo o integración.
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No hay seguimiento de quienes abandonaron Costa Rica.
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Las personas que permanecen están en «limbo», sin recursos para reconstruir sus vidas.
«La medida llega tarde y no repara el daño», señaló Ana Patricia Argüello, de SJM-CR. «Muchos no quieren asilo aquí, pero no pueden regresar a sus países por persecución».
Recomendaciones clave
El informe urge al Estado costarricense a:
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Garantizar protección internacional: Evaluar cada caso para evitar devolver a personas a países donde su vida corra riesgo.
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Extender la regularización por 12 meses prorrogables, con permisos de trabajo y apoyo humanitario (vivienda, alimentación, salud mental).
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Proteger a grupos vulnerables: Niños, mujeres embarazadas, sobrevivientes de violencia y población LGBTIQ+.
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Cancelar acuerdos que faciliten expulsiones colectivas o detenciones arbitrarias.
«Costa Rica no debe ser cómplice de violaciones. Pedimos a la comunidad internacional acoger a quienes necesiten refugio», dijo Francisco Quintana, de CEJIL.
Un precedente peligroso
El caso sienta un precedente alarmante para la región, donde Estados Unidos ha buscado terceros países para externalizar sus deportaciones. En 2025, Panamá y México enfrentan presiones similares.
«Si un país con tradición de acogida como Costa Rica falla, ¿qué esperar de otros?», cuestionó Laura García, de AFSC. Las organizaciones insistieron en que el gobierno debe investigar lo ocurrido y reparar a las víctimas.
Costa Rica alberga a 300,000 migrantes (7% de su población), pero su sistema de asilo está colapsado. En 2024, recibió 70,000 solicitudes, la mayoría de nicaragüenses y venezolanos. Este caso marca la primera vez que acepta deportados de EE.UU. de otras regiones.
Si los grandes países nos inyectan esos sobrecogedores problemas migratorios a Costa Rica, por décadas, donde los órganos «humanitarios» auxilian con una miserable aportación, ¿qué reclamos pueden enarbolar cuando cientos de miles tenemos y están en nuestro sistema? Y a quién deberían reclamar esos violados DDHH son a los países que originan tales desplazamientos. Han saturado nuestras instituciones sociales a tal punto, que desde hace tiempos los originarios están siendo afectados angustiosa y horrorosamente. Pretenden con esas propagandas que se den a los migrantes hasta el hartazgo beneficiosos, sin considerar costos e infraestructura, los cuales se hacen los rusos con facilitar un sobresaliente contenido económico para realizarlo. Esos órganos apuntan hacia Costa Rica, para empobrecer más a nuestra gran ciudadanía costarricense. ¿No será ello, además, otra oculta maniobra geo-política-social? Eso sería cruel e inhumano al nacional.