Ciudad de Guatemala, 8 may (Prensa Latina) Representantes del pueblo xinca marcharon hoy en esta capital para exigir respeto a su territorio ante las pretensiones del proyecto minero El Escobal, propiedad de la empresa Pan American Silver.
En conferencia de prensa, líderes comunitarios entregaron los resultados de una consulta realizada a su población sobre la reanudación de los trabajos en San Rafael las Flores, sureño departamento de Santa Rosa, que alberga uno de los yacimientos de plata más grandes del mundo.
El presidente del pueblo xinca, Amilvar Urías, expresó que esperan que se respete la negativa a continuar con el extractivismo, tanto por el Estado como por la empresa Pan American Silver, con sede en Canadá.
La autoridad y vocera del parlamento de ese grupo indígena, Marta Julia Muñoz, detalló los impactos culturales y espirituales que dejó el proyecto minero.
Rompió el tejido social, interrumpió la transmisión de saberes ancestrales, afectó la unidad comunitaria y destruyó sitios arqueológicos dentro del área de explotación, señaló.
El también portavoz y autoridad xinca, Celso Cazu, expuso que los resultados de los estudios realizados revelan la presencia de metales pesados, como arsénico y plomo, en fuentes de agua y macrovertederos del territorio.
La principal figura indígena de Santa María Xalapán, José David Mayordomo, denunció que las instituciones del Estado actuaron de forma parcializada e incompleta en relación con este proyecto.
“A pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) determinó que la empresa minera debía entregar información clave sobre los impactos, esta no cumplió”, enfatizó.
Desde la céntrica Plaza de las Niñas, frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del Ejecutivo, cientos de manifestantes caminaron hasta el Congreso para reclamar a los diputados de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa que legislen a favor del pueblo.
Llamaron a que no se conviertan en cómplices de pactos golpistas que atentan contra los derechos colectivos y la libre determinación de sus comunidades.
Una de las pancartas mostraba que hay una afectación al manto freático, ya que entre 2013 y 2023 el agua profundizó 100 metros y se secaron 60 manantiales.
Otra remarcaba que para imponer el proyecto minero El Escobal, “el Estado nos reprimió, criminalizó a más de 200 personas y encarceló a más de 60”.
A pesar de la fuerte oposición de las comunidades xincas al extractivismo, el proyecto inició operaciones en 2014, impulsado por presiones políticas y con el respaldo de la administración de turno.
El gobierno de Otto Pérez (2012-2015) decretó estado de sitio para proteger su implementación, que se materializó hasta que el 5 de julio de 2017 cuando la CC ordenó la suspensión, llevar a cabo una consulta, aunque algunas fuerzas buscan desde entonces seguir.