Santiago, 12 may (Sputnik).- El «timing» no fue bueno. En eso coinciden varios expertos en Chile sobre la entrega del informe de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, que busca poner fin al conflicto entre el Estado y el pueblo indígena mapuche en el sur, ya que es un año de elección presidencial y el ambiente polarizado evita cualquier tipo de consenso.
Parlamentarios, abogados, sociólogos, representantes agrícolas y expertos chilenos participaron durante dos años en esta instancia creada en 2023 por el presidente Gabriel Boric y la semana pasada se entregó el resultado.
La ceremonia se realizó en la sede de Gobierno, el Palacio de La Moneda, la mañana del martes 6 de mayo y se desarrolló bajo un clima particularmente tenso, no solo porque no asistió casi ningún personero de la derecha, evitando generar la sensación de consenso que quería transmitir el presidente Boric, sino también porque dos situaciones previas crisparon el ambiente.
En primer lugar, uno de los nueve miembros de la Comisión, el presidente de la Asociación de Agricultores de la provincia de Malleco (sur), Sebastián Naveillan, decidió no firmar el documento, quitándole el carácter de unanimidad a este; y en segundo lugar, la senadora Carmen Gloria Aravena anunció su renuncia al Partido Republicano (ultraderecha), acusando que sus correligionarios la estaban presionando para no firmar.
Además, la candidata presidencial del bloque de derecha, Evelyn Matthei, quien lidera las encuestas de cara a los comicios de noviembre, criticó que el informe no declarara los actos violentos en el sur como terrorismo y que la entrega de tierras a los mapuches «no necesariamente trae la paz».
En conversación con Agencia Sputnik, el diputado independiente Roberto Celedón, cercano al Frente Amplio (izquierda), abogado, activista por los derechos humanos y exmiembro de la Convención Constituyente en 2021, señaló que estas propuestas son particularmente útiles porque apuntan a «resolver lo sustancial».
«Esta es una enorme contribución, tanto de los comisionados como del presidente Gabriel Boric, para resolver en lo sustancial en sus causas los problemas que han suscitado en esas regiones que han alterado la paz. Es una propuesta concreta que operacionaliza los caminos y las vías de solución», afirmó.
Asimismo, criticó al representante de los gremios agrícolas de la Comisión por negarse a firmar el documento, apuntando que no dar unanimidad es dañar la cohesión social. «Es un acto políticamente incomprensible, no tiene racionalidad. La tarea patriótica, por el bien de Chile, es apoyar este acuerdo logrado después de dos años de trabajo», dijo.
El informe plantea 21 recomendaciones que incluyen: reconocimiento constitucional de los 11 pueblos indígenas en Chile, creación de un mecanismo de reparación a las víctimas del conflicto, elaboración de un sistema de restitución de tierras a los mapuches, el establecimiento de consultas indígenas periódicas para la elaboración de políticas públicas, entre otras.
NEGACIONISMO
Para Aucan Huilcaman, vocero de la agrupación mapuche Consejo de Todas las Tierras, las propuestas del informe no tendrán ningún impacto en el conflicto en el sur, e incluso aseguró que su enfoque es negacionista de la vulneración de los derechos indígenas. En conversación con la Agencia Sputnik, señaló que esta no será una solución porque «se dejaron los temas de fondo al margen, los excluyeron intencionadamente».
«El informe es negacionista porque no aborda los cinco daños que ha sufrido históricamente el pueblo mapuche en Chile: la el genocidio, la usurpación del territorio, el despojo de las tierras, el empobrecimiento de la gente y el daño a la cultura de nuestro pueblo. En estas propuestas se equipara la vulneración al pueblo mapuche con las víctimas que han sido afectadas en la actualidad por actos de violencia de carácter de vecindad, mientras que los hechos contra los mapuches fueron actos de Estado», afirmó.
Además, Huilcaman dijo que estas propuestas no son nuevas, que soluciones como el reconocimiento constitucional se ha venido prometiendo a los mapuches durante 35 años y ningún gobierno lo ha cumplido. «Eso le resta credibilidad al informe», agregó.
«El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, ha dicho que los derechos colectivos de los pueblos indígenas son innegociables, pero en esta instancia los partidos chilenos de izquierda y derecha se tomaron la libertad para negociar los derechos de los mapuches», cerró.
21 PROPUESTAS
Los primeros tres planteamientos del documento de la Comisión tienen relación con cambios en la carta fundamental. El primero, el reconocimiento constitucional de los 11 pueblos indígenas; reconocimiento a las formas de organización del pueblo mapuche y la revitalización cultural y lingüística de la cosmovisión mapuche. También, propone crear una instancia estatal denominada Consejo de Pueblos, con participación de representantes indígenas, para tomar decisiones que obliguen al Estado.
El informe plantea elaborar una ley de reparación a víctimas de los hechos de violencia rural que afectan al sur desde los años 90, crear un órgano estatal que administre la identificación de víctimas, las reparaciones y eventuales indemnizaciones monetarias. En el marco de devolución de tierras a los mapuches, el informe detalló un plan de restitución a través de una Agencia de Reparación que se creará para la instancia, cuyo valor para el Fisco, según el cálculo estimado, será de 4,2 millones de dólares.
Para implementar todas las disposiciones, la Comisión estableció que se debe crear una oficina estatal que se preocupe de impulsar, coordinar y supervisar todo lo acordado.
En Chile viven un total de 2,1 millones de personas que se declaran pertenecer a uno de los once pueblos originarios que habitan en el territorio nacional, de los cuales, 1,7 millones son mapuches. Durante el siglo XIX, tras la ocupación militar del territorio mapuche por parte del Estado chileno, en un proceso que se conoció como la Pacificación de la Araucanía, miles de hectáreas fueron expropiadas y entregadas a colonos chilenos y europeos, lo que orilló a los mapuches a vivir en la marginalidad, con bajos niveles de acceso a la salud, educación y servicios básicos.
Desde la década del Noventa en adelante, surgieron una serie de organizaciones mapuche que se manifestaban pidiendo la restitución de las tierras usurpadas y la salida de las empresas privadas que comenzaron a asentarse y a expandirse en la zona, principalmente forestales, de áridos, hidroeléctricas y mineras. El activismo de las organizaciones pro mapuches se manifestó tanto de modo pacífico, como violento, registrándose diversos atentados incendiarios que afectaron la propiedad privada.
En 2021, para controlar la ola de ataques, el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) estableció la medida de estado de excepción constitucional de emergencia en la zona, lo que significó militarizar La Araucanía y una parte del Biobío. Durante sus primeros meses de Gobierno, el presidente Gabriel Boric levantó la medida y buscó impulsar el diálogo, pero luego de un viaje fallido al lugar de su exministra del Interior, Izkia Siches, y ante la negativa de algunos sectores mapuches a encontrar acercamientos, decidió reinstaurar la militarización, que se extiende hasta hoy. (Sputnik)