San José, 13 May (Elpaís.cr).- La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en conjunto con la Policía Judicial, ejecutó este martes 22 allanamientos y detuvo a cuatro funcionarios públicos como parte de una investigación por la presunta malversación de fondos, tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública en la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste.
Los imputados fueron identificados como Mauricio Batalla (exministro de Obras Públicas), Alejandro Picado (presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, CNE), Marcos Castillo (director de Aviación Civil) y un cuarto individuo de apellido Villalobos, quien era jefe de fiscalización de obras de la CNE. Además, se allanaron propiedades de un funcionario de la empresa Constructora MECO S.A., adjudicataria del contrato bajo investigación.
Emergencia declarada con irregularidades
Según la FAPTA, los investigados habrían utilizado una declaratoria de emergencia —justificada por daños atribuidos a la tormenta tropical Bonnie (2022)— para agilizar un contrato de $39.9 millones sin cumplir con los requisitos legales, como el refrendo de la Contraloría General de la República (CGR).
Sin embargo, las pruebas indican que los daños en la pista ya existían antes del fenómeno natural, lo que sugiere que la emergencia fue declarada de manera fraudulenta.
Obra deficiente y presiones ilegítimas
La fiscalía señaló que, pese a los recursos asignados, la obra consistió en un simple recarpeteo superficial en lugar de una reparación integral, dejando la base de la pista dañada y comprometiendo la seguridad aeroportuaria.
Además, se habrían ejercido presiones indebidas para modificar el contrato y evitar sanciones por incumplimiento.
Los allanamientos se realizaron en oficinas públicas (CNE, Aviación Civil y MOPT), sedes de empresas vinculadas (MECO e ingenierías) y domicilios de los implicados. Los detenidos serán llevados ante el Segundo Circuito Judicial de San José para declarar, mientras la fiscalía evalúa solicitar medidas cautelares.
Este caso expone un posible desvío de fondos de emergencia y vulneraciones a la ley de contratación pública, generando un grave perjuicio económico al Estado. La investigación continúa en desarrollo.
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