San José, 15 May (Elpaís.cr).- La Defensoría de los Habitantes volvió a alzar la voz en defensa de los derechos fundamentales de la población migrante, esta vez exigiendo respuestas concretas al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre las acciones adoptadas para garantizar el derecho a la educación de las personas menores de edad ubicadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur, en Ciudad Neily.
Se trata, en su mayoría, de niños, niñas y adolescentes que fueron deportados recientemente desde Estados Unidos.
El requerimiento de la Defensoría se enmarca dentro de su labor de vigilancia, inspección y seguimiento a la situación de estas personas migrantes, quienes han ingresado al país desde el pasado 20 de febrero.
En su informe más reciente, presentado el 9 de mayo ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, la Defensoría reportó que, durante su última visita al CATEM Sur, se encontraban en el lugar 26 personas menores de edad.
Una solicitud por la niñez en tránsito
El detonante de la nueva acción institucional fue un reporte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que informó a la Defensoría que ha sostenido acercamientos con el MEP “a fin de trasladar el tema” del derecho a la educación de los niños migrantes.
A partir de esa comunicación, la Defensoría solicitó formalmente al Ministerio de Educación un informe detallado sobre las medidas específicas implementadas en el CATEM Sur, así como la articulación interinstitucional que se ha dado en torno a este tema.
Según el oficio enviado, la Defensoría pidió claridad en torno a la coordinación entre el MEP, el PANI, las autoridades migratorias, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones pertinentes. El objetivo: garantizar el acceso real y efectivo a la educación de los menores de edad en condiciones de deportación.
El derecho a aprender no se detiene en la frontera
Uno de los ejes de la solicitud se enfoca en que el abordaje educativo contemple las particularidades de esta población vulnerable.
El documento insta al MEP a tomar en cuenta factores como el idioma materno de los niños, sus costumbres, nivel educativo previo y grado de escolaridad.
Además, se pidió al Ministerio que informe si ha brindado orientación a las familias sobre los servicios educativos disponibles.
También se solicita que se detalle si se están impartiendo lecciones, en qué consisten, quién las imparte y qué otras actividades se ofrecen en materia de tutorías, refuerzos escolares, apoyos lingüísticos o programas para fomentar el respeto a la diversidad cultural.
La Defensoría también consultó si el MEP cuenta con un protocolo o programa específico para abordar el acceso a la educación en contextos de migración forzada o retorno.
Sin respuesta
La Dirección Regional de Educación Coto, con sede en Ciudad Neily, respondió a la solicitud inicial de la Defensoría con una petición para ampliar el plazo de entrega de la información.
Según explicó, actualmente se encuentran desarrollando visitas colegiadas a centros educativos de la zona y participando en otras actividades relacionadas con el Consejo de Participación Comunal.
Este retraso genera preocupación, considerando la urgencia de la situación. Para la Defensoría, garantizar el acceso inmediato a la educación de la niñez migrante no puede postergarse. Cada día fuera del sistema educativo supone una vulneración directa a sus derechos y una oportunidad perdida para su desarrollo integral.
Entre el deber legal y la deuda institucional
El artículo 78 de la Constitución Política de Costa Rica establece que la educación es un derecho fundamental y un deber del Estado. Asimismo, el país ha ratificado instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados Parte a adoptar medidas para asegurar el acceso a la educación de todos los niños, sin discriminación alguna.
En ese contexto, la situación en el CATEM Sur representa un claro desafío institucional: garantizar que estos niños y adolescentes no queden en el limbo educativo mientras se resuelve su situación migratoria. Para organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, la respuesta del Estado debe ser inmediata, integral y adaptada a las necesidades particulares de esta población.
Llamado a la acción interinstitucional
La intervención de la Defensoría se inscribe en un proceso más amplio de observación y seguimiento sobre el impacto de las políticas migratorias en los derechos de la niñez.
En las últimas semanas, múltiples organizaciones han señalado la necesidad de una mayor coordinación entre instituciones para atender de forma efectiva a la población migrante en retorno, especialmente a los menores de edad.
Entre los principales retos identificados se encuentran la falta de protocolos específicos, la debilidad en la articulación interinstitucional, la escasez de personal capacitado en derechos humanos y educación intercultural, y la ausencia de materiales didácticos adecuados para atender a niños en tránsito o con interrupciones prolongadas en su proceso educativo.
Educación como refugio y reparación
Más allá del cumplimiento legal, el acceso a la educación para niños migrantes deportados representa una oportunidad crucial para ofrecerles un entorno de estabilidad, seguridad y desarrollo emocional. Para muchos, el aula puede convertirse en un espacio de refugio y reparación tras experiencias de desarraigo, violencia o trauma.
En ese sentido, la Defensoría también ha recordado la necesidad de incluir componentes psicoemocionales y culturales en la respuesta educativa. El respeto a la diversidad, la inclusión y el acompañamiento integral deben estar al centro de cualquier intervención estatal.
Lo que sigue: vigilancia, respuesta y compromiso
Mientras se espera la respuesta oficial del MEP, la Defensoría ha reiterado que continuará vigilando la situación en el CATEM Sur y solicitando informes periódicos sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez migrante. El caso ha sido elevado al conocimiento de la Asamblea Legislativa, lo que podría motivar un mayor escrutinio político e institucional.
La situación plantea una pregunta de fondo: ¿están las instituciones del Estado preparadas para responder con eficacia y humanidad ante los nuevos desafíos migratorios que enfrenta el país? La Defensoría insiste en que la respuesta no puede ser ambigua ni postergada. La niñez migrante no puede esperar.