Independencia judicial está en riesgo en Costa Rica, alerta informe

San José, 23 May (Elpaís.cr).- Costa Rica ha sido por décadas un ejemplo de democracia, paz y respeto al Estado de derecho en Centroamérica. Pero esa imagen de estabilidad que tanto valoramos empieza a mostrar señales preocupantes.

Así lo advierte el más reciente informe del Observatorio Judicial Centroamericano, una organización independiente que monitorea la salud institucional de los sistemas judiciales en la región.

Ver: Informe Independencia Judicial Centroamérica

Aunque el documento destaca que el Poder Judicial costarricense aún mantiene independencia y fortaleza, también suena una alarma: hay presiones políticas en aumento, tensiones con el Ejecutivo y reformas legislativas que podrían debilitar la autonomía judicial si no se controlan a tiempo.

La advertencia no es menor. A nuestro alrededor, varios países centroamericanos han vivido en la última década procesos que terminaron en la cooptación total de la justicia por parte de intereses políticos y económicos.

El caso de Nicaragua, donde los jueces responden directamente al gobierno de Ortega, o el de Guatemala, donde jueces independientes han sido forzados al exilio, son ejemplos que muestran cómo se derrumba un sistema cuando se le deja de cuidar.

Costa Rica: aún fuerte, pero con grietas visibles

Según el informe, en Costa Rica todavía existe una separación real entre los poderes del Estado. La Sala Constitucional funciona como contrapeso, el Ministerio Público actúa con independencia y las reglas del debido proceso se respetan.

Sin embargo, el Observatorio señala al menos tres áreas de preocupación:

1. Tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. En los últimos años, especialmente bajo la administración del presidente Rodrigo Chaves, se han intensificado los choques públicos con la Sala IV y con sectores del sistema judicial. Algunos discursos presidenciales han cuestionado el rol de los jueces y han sugerido que entorpecen el desarrollo del país.

2. Presiones políticas en el nombramiento de magistrados. Aunque el proceso sigue normas claras, se han visto señales de influencia partidaria y acuerdos políticos poco transparentes, lo cual puede debilitar la legitimidad de los nombramientos.

3. Propuestas legislativas regresivas. En la Asamblea Legislativa se han presentado iniciativas para limitar funciones de la Sala Constitucional o modificar la forma de elegir magistrados. Algunas de estas propuestas carecen de estudios técnicos sólidos, y podrían abrir la puerta a un debilitamiento institucional.

El Observatorio no afirma que la justicia costarricense esté capturada. Pero advierte que hay síntomas tempranos de erosión que ya se han visto en otros países antes de que perdieran su independencia judicial.

El espejo centroamericano: una advertencia clara

¿Por qué preocuparse desde ya? Porque otros países de la región ya pasaron por esta misma situación… y no hicieron nada a tiempo. El informe del Observatorio presenta estos ejemplos:

• Guatemala: La justicia está controlada por grupos de poder que frenan investigaciones de corrupción. Varias juezas y fiscales fueron perseguidas y están ahora exiliadas.

• El Salvador: El presidente Nayib Bukele destituyó a magistrados incómodos y nombró una Sala Constitucional a su medida, lo que le permitió incluso postularse para reelección.

• Honduras: Aunque se prometieron reformas con el cambio de gobierno, la elección de magistrados ha estado rodeada de pactos políticos sin transparencia.

• Nicaragua: El caso más extremo. Jueces, fiscales y magistrados están totalmente alineados con el régimen. La justicia es usada como herramienta de persecución política.

En todos estos países, la captura de la justicia no ocurrió de un día para otro. Comenzó con críticas al poder judicial, continuó con reformas que parecían inofensivas y terminó en un colapso institucional.

¿Cómo empieza el deterioro de la justicia?

El informe identifica cinco mecanismos comunes en los procesos de debilitamiento judicial:

1. Cambios en la forma de nombrar jueces y magistrados para asegurar lealtades.

2. Desprestigio público de jueces que toman decisiones incómodas.

3. Reformas legales que limitan la autonomía judicial.

4. Reducción del presupuesto o condicionamiento de recursos.

5. Control ideológico de las escuelas de formación judicial.

En Costa Rica, si bien ninguno de estos mecanismos se ha implementado completamente, hay indicios preocupantes de que algunos actores políticos ya han planteado propuestas en esa línea.

Voces costarricenses alertan

El informe recoge testimonios de jueces, exmagistrados y académicos del derecho en Costa Rica. Aunque la mayoría coincide en que el sistema judicial sigue siendo fuerte, también reconocen que el ambiente político ha cambiado.

“Antes se respetaba mucho más la figura del juez. Ahora hay una narrativa de que el Poder Judicial es un obstáculo para el Ejecutivo. Eso es muy peligroso”, señaló un juez constitucional entrevistado bajo condición de anonimato.

Una abogada del Colegio de Abogados lo expresó así: “Si se instala la idea de que los jueces solo sirven cuando fallan a favor del gobierno, estamos en problemas. La justicia debe ser imparcial, incluso si eso incomoda”.

¿Por qué importa tanto la independencia judicial?

Porque sin jueces independientes, ningún derecho está garantizado. El acceso a la salud, la libertad de prensa, la seguridad jurídica, el control de la corrupción, todo depende de que existan tribunales que puedan actuar sin miedo ni presiones.

En Costa Rica, el Poder Judicial ha sido clave para resolver conflictos sociales, garantizar derechos laborales, proteger el ambiente y frenar abusos del poder. Perder esa capacidad significaría abrir la puerta a la arbitrariedad y la impunidad.

¿Qué propone el Observatorio?

El informe no se limita a señalar problemas. También plantea propuestas concretas para proteger la independencia judicial costarricense:

• Fortalecer los procesos de elección de magistrados con criterios técnicos y participación ciudadana.

• Garantizar un presupuesto judicial autónomo y suficiente.

• Proteger a jueces y fiscales de ataques políticos o mediáticos.

• Asegurar una formación judicial libre de presiones ideológicas.

• Fomentar una cultura cívica que valore el Estado de derecho.

Lo que está en juego es nuestra democracia

Costa Rica sigue siendo una excepción positiva en Centroamérica, pero eso no significa que sea inmune a las amenazas. La independencia judicial no es un lujo: es la columna vertebral de la democracia.

El informe del Observatorio Judicial Centroamericano debe servir como un llamado a la reflexión y a la acción. Aún estamos a tiempo de fortalecer lo que nos ha costado tanto construir. Pero si bajamos la guardia, podemos terminar como aquellos países que hoy luchan por recuperar lo que perdieron, han señalado organizaciones sociales costarricenses.

«La justicia no se defiende sola. Necesita que la sociedad la cuide», recomienda el Informe.