Ciudad de Panamá, 31 may (Prensa Latina) La gestión de una comisión gubernamental para sofocar protestas en la occidental provincia de Bocas del Toro, bloqueada por manifestantes que rechazan una ley del seguro social, signó la semana que concluye hoy en Panamá.
La comitiva encabezada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sostuvo encuentros con representantes de diferentes sectores atendiendo la preocupación por la pérdida de empleos, revisaron soluciones a temas como agua potable, así como la afectación al turismo.
El Ejecutivo declaró antes el estado de emergencia para el territorio, aunque aclaró se trataba de una medida para atender necesidades básicas y propiciar la trasferencia de 10 millones de dólares para reactivar la economía, luego que la empresa bananera Chiquita cerrara sus operaciones y despidiera a casi cinco mil trabajadores.
«El estado de emergencia se declaró para llegar a todos los sectores, conocer sus necesidades y buscarle solución. El Gobierno está comprometido con mejorar las condiciones laborales, económicas, educativas y de salud del pueblo bocatoreño y del resto del país” señaló Orillac.
Estas reuniones, dijo, son también para aclarar dudas de las comunidades con respecto a la Ley 462 de la Caja del Seguro Social, y escuchar las peticiones de los vecinos con el fin de atender sus necesidades.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana), Francisco Smith, rechazó la exigencia del presidente de la República,José Raúl Mulino, de reabrir las rutas que mantienen bloqueadas en protesta por una reforma de las pensiones.
Mulino demandó el jueves último reabrir las vías como condición para enviar el proyecto a la Asamblea Nacional (parlamento), pero los sindicatos quieren que primero se apruebe la nueva norma.
Smith defendió que la huelga es legal, por lo tanto, la suspensión de las operaciones decretada por la empresa Chiquita no tiene base.
“Nosotros tenemos la Constitución, el Código de Trabajo y las convenciones colectivas y ninguna empresa pública o privada está por encima de la ley. El proceso que hizo la empresa no es legal. Nosotros estamos permanentemente en manifestaciones porque las reformas de la Caja de Seguro Social afectaron nuestra Ley 45, criticó.
Desde el pasado 23 de abril, gremios docentes protagonizan manifestaciones y una huelga indefinida para demandar se derogue la nueva norma sobre las pensiones a los que se han sumado constructores, universitarios, indígenas, abogados independientes y mujeres.
Diversos sectores respaldan a su vez una propuesta de la Universidad de Panamá (UP) como facilitadora del necesario diálogo nacional para salir de este clima de convulsión social.
En ese sentido, el rector del centro de estudios superiores, Eduardo Flores, instó al Gobierno, asociaciones de profesores, gremios médicos, sindicatos, sectores indígenas, campesinos y demás actores a sumarse a esta iniciativa con voluntad genuina de entablar conversaciones y superar la actual crisis.
Por su parte, Mulino ha reiterado en sus comparecencias semanales ante la prensa que descarta la vía del diálogo con los manifestantes y asegura que la ley no será revisada.