¿Deficiencia fiscal o política?

Entre 1993 y 2023, el PIB de Costa Rica se cuadruplicó en términos reales y las exportaciones crecieron ocho veces. El empleo no calificado decreció casi un 10 %, más o menos por el mismo periodo, y las personas que ganan menos del salario mínimo pasaron del 30 al 35 %. A la vez, los hogares contaron, en el 2023, con 16 % menos ingresos reales que diez años atrás.[1] Hoy es el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el quinto de América Latina donde el 1 % de la población acumula la mayor parte de la riqueza de la sociedad.[2]

En el sótano

El informe de este año de la OCDE señala que el país figura en el sótano en infraestructura, educación, competitividad e información pública. También muestra retrocesos alarmantes en turismo, libertad de expresión y conectividad digital. La inversión social se considera baja, 14.5 % del PIB, respecto al promedio, que anda en el 22.6 %. Asimismo, anota rezagos en el mercado laboral, dada la alta informalidad y la baja incorporación de mujeres.

Luego, no cabe extrañar que se haya desplomado la seguridad ciudadana, hasta una tasa de homicidios de 16,6 por cada 100,000 habitantes, la tercera más alta de Centroamérica, cuyas expresiones distritales se correlacionan con la falta de oportunidades. Ahí es donde el narcotráfico muerde duro. También es alarmante la cantidad de muertes en carretera (18 por cada 100,000 habitantes). En definitiva, la otra Costa Rica se convirtió en una costa cada vez más pobre, desigual e insegura, como consecuencia alarmante del modelo de crecimiento adoptado a partir de la década de los años 80.

Otro jalón de orejas

El Dr. Miguel Ángel Rodríguez (2025) ha reconocido, a propósito del reciente Informe del Fondo Monetario Internacional 25/108, la necesidad de encarar una serie de “reformas estructurales”. Precisamente, en infraestructura, transporte, inversión social, mercado laboral, empleo, pensiones, sistema judicial, ambiente, alianzas públicas-privadas. Esa larga lista de desafíos indica que el modelo económico neoliberal, que sustituyó, solapadamente, el pacto histórico de la Segunda República (Constitución de 1949), requiere un examen radical, modelo que el actual presidente representa en extremo.

Un parche reventado

La última reforma no resolvió el problema fiscal, ni el de la deuda pública. Solo pateó la bola hacia adelante. En opinión del exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, “La reforma fiscal del 2018 es de un alcance muy limitado y ese espacio ya se agotó. Más bien hemos abusado de él, realizando ajustes en materia de gastos y ya hemos visto las consecuencias de eso” Solano, G. (2025). [3] El problema no se ha resuelto ni con la “cirugía sin anestesia” de la inversión social, diría Mr. Trump, practicada por el actual gobierno. Ni siquiera dejando de pagar a la seguridad social (CCSS), con una deuda que ya ronda el 8.5 % del PIB. El exviceministro apuntó, además, que el Informe de la OCDE es omiso respecto a la deuda pública. Tal vez porque el pago de intereses ha sido prioritario, más que la crisis en educación y salud, por ejemplo.

En definitiva, cargar sobre las espaldas de la clase asalariada los platos rotos de la evasión, elusión y exoneración tributarias, no solo resultó injusto, sino también iluso, ya que ni con una regla fiscal draconiana se ve cerca la salida del túnel. Por eso, esta tuvo que ser complementada con nuevas restricciones del derecho a huelga en el sector público (Ley N° 9808)[4], previendo las reacciones contra el congelamiento de salarios y pensiones, este último contra la misma ley. En vez de atacar la represión sindical en el sector privado, contrario al derecho laboral y a los principios democráticos, se asestó un golpe más al movimiento sindical mejor organizado, bajo el maquiavélico principio de que el fin justifica los medios.

Y sigue Petra con calentura

Así que, una vez más deviene ineludible “la necesidad de una reforma tributaria integral que aumente la equidad, la eficiencia y la recaudación” (Rodríguez, 2025). En esa dirección debe avanzar un sistema tributario progresivo, que es la única vía hacia la verdadera solución, hacia la justicia tributaria. Esta puede resumirse con la elemental consigna del expresidente Alfredo González Flores (1877-1962), destituido por los Tinoco en enero de 1917, a saber, que los ricos tributen como ricos y los pobres como pobres. ¿Se hallará por fin la voluntad política para entrarle a una verdadera solución a la crónica deficiencia fiscal?

Según la opinión del expresidente, hasta ahora solo “Se han tenido escaramuzas sobre temas tributarios, pero no se ha abordado en serio el tema desde la reforma de 2018, que se basó en la propuesta de los exministros de Hacienda que presenté a la Asamblea Legislativa en 2002.” Pero si aquella costó tanto y apenas medio llenó el tanque ¿qué esperar ahora con un clima político electoral enrarecido y polarizado?

El hecho es que “Costa Rica recauda menos impuestos que el promedio de la OCDE, incluso menos si se excluyen las cargas sociales. Existen amplias exenciones al impuesto sobre la renta que determinan nuestra dualidad económica.” (Ídem).[5] A propósito, el ministro Acosta informó en enero que el impuesto de la renta de empresas y personas cayó casi un 5 %, registrándose un comportamiento similar en lo que respecto al IVA.

Riqueza es lo que sobra

Paradójicamente, la sociedad costarricense produce riqueza de sobra, es decir, excedentes productivos en cuantías exorbitantes. Al punto de que se pone en riesgo la reproductividad de los recursos naturales, por el excesivo extractivismo y demasiada contaminación. Verbigracia, a pesar del floripondio discurso ambiental, el balance respecto a la crisis climática todavía es insolvente. Riqueza significa que hay mucha más producción de la que se necesita para cubrir las necesidades de supervivencia, o bien, la reposición de costos. Solo que esa riqueza sigue concentrándose cada vez más en menos manos. Esto jamás lo resolverá el mercado, que se limita a reflejar, en el mejor de los casos, el desigual acceso al capital.

No en vano David Ricardo (1772-1823), uno de los fundadores de la Economía política clásica, consideraba que la distribución del producto sobrante, o excedente, entre las principales clases sociales, era el problema principal de la economía política, tal como lo destaca el exministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, en su reciente publicación (2025, p. 39, nota 38).[6] En consecuencia, si el producto necesario es el que cubre los costos para volver a producir, los impuestos solo pueden salir del producto de más, específicamente de lo que Ricardo llamaba “renta” y “utilidad”.

En teoría, los impuestos no deberían salir de los salarios, que constituyen una parte fundamental del producto necesario, es decir, de los costos totales. Además, estos se mantienen en el mínimo, por lo que apenas alcanzan para reproducir a la fuerza de trabajo. Los impuestos debieran salir, por consiguiente, de las utilidades del capital y las rentas de los propietarios de tierra. Menudo problema porque esas utilidades y rentas mantienen a las clases dominantes, que a menudo usan su influencia y fuerza para cargar de tributos a los trabajadores, como ocurre con el impuesto de ventas, que una parte de lo que entra por una bolsa al trabajador le sale por la otra. Tal es la codicia de la élite dominante que se niega a financiar a su propio estado, pese a que este se dedica, sobre todo, a asegurar la acumulación de sus capitales y la concentración de su riqueza. Sirva esto solo para retratar la conflictividad social implicada en cualquier reforma tributaria.

El embudo fiscal

Por tanto, la cuestión fiscal sigue siendo una pieza clave que explica, en buena medida, por qué es tan difícil resolver el rompecabezas de la crisis nacional. Las reformas “estructurales”, mencionadas antes, desembocan en ese vértice. Recientemente, el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, otro reprobado mentiroso, ha dicho que tenemos un pacto social que no es financiable, que el dinero “no alcanza para pagar el contrato social” (Muñoz, 2025). [7] Según esto, la sociedad costarricense tiene una Constitución desfinanciada. El estado no puede cumplir con su palabra y hay que aceptar que los números mandan, por lo demás manipulables. Hasta la Sala IV ha caído en esa trampa cada vez resolviendo, con ese criterio extrajudicial, por ejemplo, los recursos contra los derechos adquiridos de los pensionados. En coordinación con el presidente, el señor Acosta se da el lujo de decidir, autoritariamente, qué de la Constitución se puede financiar y qué no. Así deciden cubrir iniciativas ilegales como la famosa “póliza de la vergüenza”, pero no erogaciones obligatorias para programas sociales y educativos.

El exministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, ha replicado a su homólogo que el problema debe plantearse al revés. La cuestión no es si el pacto social es financiable, sino cómo se puede financiar. Entonces, las preguntas pertinentes son del tipo: “¿qué hay que hacer para poder financiar ese Contrato? ¿Qué hay que hacer para poder cumplirle a la población, para pagarle las platas a la Caja Costarricense del Seguro Social, para financiar los programas sociales, para financiar la urgente inversión pública?” En otros términos, “¿Cómo impulsamos el desarrollo del país, cómo organizamos la producción nacional, para generar los recursos necesarios?” (Zúñiga, 2025, p. 73).

El déficit fiscal, y el endeudamiento correspondiente, solo son el síntoma. La causa hay que buscarla en el pacto histórico traicionado. Enfrentar la crisis fiscal pasa por redefinir, entonces, el tipo de sociedad que se procura construir. Más que de cifras e indicadores, se trata de voluntad política. ¿A qué tipo de sociedad se apostará, en la próxima reforma, a una solidaria o egoísta? ¿A la cooperación creativa o a la competencia excluyente? ¿A la sociedad justa y pacífica de antaño o a la actual dominada por el miedo y la violencia estructural? Será clave redefinir también cómo se articulará el estado y el mercado, como las dos alas del desarrollo socioeconómico de la patria. No es uno o el otro, ni uno sobre el otro.

Justicia tributaria con justicia social

Sin embargo, el ministro Acosta pone la carreta delante de los bueyes, mientras empuja inútilmente para sacarla del barreal. Desconoce “(…) que un mayor crecimiento de la producción es el mejor aliado de un ministro de hacienda para mejorar la recaudación” (Zúñiga, 2025, p. 66). No es capaz de imaginar una política de desarrollo de las fuerzas productivas del país, pues confía ciegamente, como un acto de fe, que el mercado se encargará. Ese sesgo cognitivo neoliberal le ha costado carísimo a este país. No hay receta, por buena que sea, que resulte exitosa con semejante pereza mental. Nuestros abuelos parecen grandiosos hoy porque pensaban con su propia cabeza, ellos soñaban con los pies bien puestos en la realidad nacional.

Guillermo Zúñiga ha demostrado que reducir este complejo problema a un número bonito, como el superávit fiscal, es caer en una peculiar confusión. El déficit no es causa, sino efecto de un pacto social. Tomar una cosa por otra hace del déficit un fetiche y engaña a la gente, ya que detrás de los números hay vidas en juego, hay gente afectada. De acuerdo con las tijeras del ministro Acosta, los estudiantes que se quedaron sin becas avancemos, los que no tendrán comedores escolares, las personas que no han podido financiar una vivienda digna, las que dependen de una pensión miserable y quienes no encuentran empleo, o aquellos que esperan una cita en la CCSS, pueden seguir sentados o incluso morirse; pues deben aceptar que no hay dinero para honrar sus derechos. O sea, si el mercado no les resuelve, el estado no tiene por qué hacerlo.

En cambio, Zúñiga muestra que es posible un círculo virtuoso entre justicia tributaria y crecimiento, en la medida en que tanto la “inversión” como el “gasto” públicos, multiplican la actividad económica de cualquier sociedad moderna. Igual que hay un círculo vicioso derivado de su contracción; pues las malas carreteras o la falta de trabajadores calificados desestimulan la inversión privada. Concentrarse exclusivamente en el balance hacendario, para mostrar números bonitos a las calificadoras de riesgo país, no conduce a finanzas sanas y estimulantes, a mediano y largo plazo. Esa corta visión amenaza a la misma acumulación del capital privado.

Por eso, renunciar al Contrato social es un cretinismo peligroso, que pretende disimular una política hacendaria “fallida” (Zúñiga, 2025, p, 73). Este exministro también cuestiona las categorías del balance hacendario, lo que no duda en calificar de “arbitrariedad contable” (p. 63). Llamar “gasto” a la inversión en educación, por ejemplo, siendo el principal factor de desarrollo del país, es un “error” que solo busca justificar, ideológicamente, recortes presupuestarios contraproducentes. Mucho pesará en el futuro, por caso, la desinversión educativa que está haciendo el actual gobierno, presentada como un ahorro de gasto.

En definitiva, no se vale enorgullecerse de un superávit fiscal a costa de un déficit social, porque sin desarrollo social ningún modelo económico es sostenible. La justicia fiscal debe garantizar la justicia social y viceversa. Un estado que se rinde ante la injusticia para garantizar los privilegios del 1% de la población se convierte en un estado fallido. La experiencia del actual desgobierno debiera bastar como aprendizaje. A ver si los electores se despabilan y dejan de votar por quienes desde el gobierno les perjudican, después de haberles endulzado el oído en la plaza pública.

Referencias

[1] Datos tomados de una presentación de Jorge Vargas Cullel, coordinador del Estado de la Nación.

[2] Datos de World Inequality Database.

[3] “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” (2018).

[4] “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” (N° 9635, 2020).

[5] La “dualidad” se refiere a una esfera de exportación pujante, pero más exonerada, y a otra de producción interna lenta y en crisis, que soporta el mayor peso tributario, como la producción agrícola y agropecuaria. A ello se suma un mercado nacional contraído por la restricción de la inversión y el gasto públicos. Esta esfera interna también se ha visto ahora más amenazada por el actual gobierno de los importadores, que es el caso ejemplar de los arroceros. En suma, la economía “jaguar” vuela con un motor en llamas, o bien, es como una fiera sin dientes.

[6] La cita de David Ricardo destaca que “la determinación de las leyes que rigen esta distribución es el problema primordial de la Economía Política” (Ricardo, 1973, p. 5).

[7] En El Financiero, del 5 de noviembre 2025, el ministro de Hacienda afirmó que “Estamos discutiendo un contrato social que no se puede financiar”.

Rodríguez, M.A. (2025) Es hora de hablar en serio de las reformas que Costa Rica necesita. Opinión. Diario Extra. 02/06/2025 – 01:30.

Solano, G. (2025) Informe de la OCDE para Costa Rica: entre avances y pendientes. Oficina de Comunicación de la UNA.
Zúñiga, G. (2025) El fetichismo del déficit fiscal. La Revista.cr. Opinión. Amazon.
Ricardo, D. (1973). Principios de Economía Política y Tributación. Fondo de Cultura Económica. Preámbulo.
Muñoz, K. (2025) Guillermo Zúñiga critica “el fetiche” de bajar el gasto público en nuevo libro. Semanario Universidad. País. 4 de junio.

(*) Hernán Alvarado Ugarte, Sociólogo y economista político, catedrático jubilado