Ciudad de México, 5 jul (Sputnik).- Las nuevas leyes mexicanas de seguridad pública y desaparición forzada son una oportunidad en el combate al crimen organizado, pero consolidan el predominio militar y otorgan amplias facultades de investigación e inteligencia sin controles claros, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik el defensor de derechos humanos, Edgar Cortez.
«Es preocupante que el uso de nuevas herramientas, como la interconexión entre bases de datos, la puedan hacer instancias de seguridad, civiles y militares, de procuración de justicia, sin que esté tan claro que tengan todos los controles necesarios para evitar que vaya a haber un mal uso y que vigilen a todo el mundo», dijo el coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
El defensor de víctimas de abusos de autoridades, exsacerdote, que en sus más de tres décadas de experiencia también fue director de un centro de derechos humanos administrado por jesuitas, lamenta que estas 22 leyes decisivas fueron aprobadas a toda velocidad en un período extraordinario del Congreso, pulsadas por el Gobierno y el oficialismo.
«Fueron aprobadas en escasos diez días y eso agregó una complejidad para entender los detalles y alcance de lo que se ha ido aprobando», explica el experto.
Una oportunidad
Sin embargo, el investigador, que ha colaborado con instancias internacionales en la materia, advierte que existe una oportunidad de mejoras institucionales contra la criminalidad.
«En una primera anotación, diría que este paquete de leyes reconfiguran la articulación de las instituciones y herramientas de la seguridad pública en su trabajo de inteligencia e investigación, para atender problemáticas de violencia y delincuencia organizada en el país», prosigue el entrevistado.
Ante el grave problema de la inseguridad por la violencia de las organizaciones narcotraficantes, este momento abre una posibilidad para «diseñar una estrategia distinta que pueda tener mejores resultados en el mediano y en el largo plazo», advierte el especialista.
Apunta como otro aspecto positivo incluir en las reformas la Ley General de Desaparición Forzada, que ya existía, y el uso de la Clave Única de Registro de Población, como una herramienta que sirva para la búsqueda y localización de personas.
«Esta medida permite que las instancias de investigación y de búsqueda puedan acceder en un momento dado a bases de datos, para tratar de ubicar el lugar y los últimos momentos de una persona a la que se busca, lo que en grandes rasgos es positivo», indica el analista.
Cortez, quien fue secretario ejecutivo de la «Red todos los derechos para todas y todos» (2004-2010), estima que se abren posibilidades de vigilancia a ciertas personas o grupos que puedan ser de interés para los Gobiernos en las urbes.
Militares sin control
Sin embargo, advierte que un tema que preocupa a organizaciones civiles es que la información en bases de datos personales para todas las instituciones del sistema de justicia supondría también que haya acceso para las Fuerzas Armadas, integradas en ese proceso, y también a la Guardia Nacional, que es incorporada a la Defensa.
«En el caso de la Guardia Nacional, el agravante es que una de las reformas formaliza que depende de la Secretaría de la Defensa, aunque se reivindica formalmente como una institución civil, pero su formación, su administración, su condición, estaría establecida desde el Ejército», prosigue el especialista.
En efecto, el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Acnudh) emitió esta semana una advertencia de «preocupación» ante las nuevas leyes de la Guardia Nacional, de los sistemas de seguridad pública y de investigación e inteligencia en el país norteamericano.
«Además de consolidar su indebida naturaleza militar, la nueva Ley de Guardia Nacional otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia, sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas idóneos», dijo en un posicionamiento el organismo de la ONU.
Esa instancia internacional, que encabeza Volker Türk desde la sede de Ginebra, Suiza, expresó además preocupación por «las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros derechos humanos».
Los organismos interamericanos, de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y defensores mexicanos de derechos humanos sostienen que la seguridad pública debe prescindir del uso de militares, señalados por abusos documentados en numerosos casos durante muchos años.
«La seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública y realizarse con pleno respeto y observancia de los Derechos Humanos», puntualiza la postura de Acnudh.
Nueva arquitectura de seguridad
Cortez recomienda no observar a estas leyes por separado, sino como una nueva arquitectura del sistema de seguridad e inteligencia que se pone en marcha.
«Significan también la participación del Ejército en estas tareas, que se cuestionan como una militarización de la seguridad y en alguna medida ahora se militariza también la investigación penal», advierte.
Indica que esas observaciones de la sociedad civil apuntan a las serias dificultades que plantean las leyes y su inevitable implementación.
«Vamos a tener que hacer mucho análisis para tener el mapa preciso, seguir haciendo trabajo de observación o de veeduría del desempeño de estas instituciones, solicitando información», anticipa.
Por ejemplo, el pionero en el movimiento civil menciona como un nuevo desafío para las organizaciones que hacen litigio estratégico emprender la defensa en casos concretos de violaciones de derechos humanos, aún mayor al esfuerzo realizado en más de tres décadas.
«Tendremos que hacer una defensa independiente de acusados y representación de víctimas, elevar la calidad de nuestro trabajo para vigilar», planteó.
El objetivo de esta vigilancia será documentar anomalías o irregularidades, mostrar todas estas deficiencias y reforzar el trabajo con las víctimas de autoridades, colectivos de familiares de personas desaparecidas y mujeres víctimas de violencia.
Cortez prevé que las organizaciones ciudadanas deberán «recoger sus testimonios y documentar los abusos, reunir las evidencias de campo, para mostrar dónde están los riesgos potenciales, observar en qué medidas se materializan, denunciarlos y plantear la necesidad de próximos cambios».
Huellas de la violencia
Comentó asimismo que, según los informes del Gobierno, los homicidios dolosos han disminuido un 25 por ciento en los ocho primeros meses del Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, pero lamenta que las autoridades no ofrecen cifras del aumento de las desapariciones en una mayor proporción.
En efecto, los homicidios bajaron una cuarta parte en ese lapso: de 2.192 asesinatos registrados en octubre pasado, a 1.722 casos en mayo, según cifras oficiales.
«Pero en términos de desapariciones de personas, el aumento es de 28 por ciento en promedio a nivel nacional: pasamos de 100.000 a 128.000, y el registro en mayo ya está en 129.000; ha habido un incremento notable», puntualiza el defensor.
Por su parte, el jesuita Centro de Derechos Humanos «Agustín Pro», denunció que el proyecto de reformas se diseñó sin el diálogo que solicitaban organizaciones de las familias de decenas de miles de víctimas y sus abogados, que plantean la ausencia de una evaluación de las fallas en la aplicación de la ley de desaparición forzada anterior, que data de 2017.
Cuestiona además que los legisladores ignoraron las recomendaciones internacionales, entre ellas las presentadas por el Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas, hacia el desarrollo de una política nacional para su prevención.
Sin embargo, la organización religiosa que asesora a víctimas de crímenes emblemáticos de desaparición forzada -como los 43 estudiantes de la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, que involucró a policías y militares, sin resolver desde hace más una década-, reconoce «un gesto de prudencia política de la presidenta que instruyó a la Secretaría de Gobernación (Interior) abrir una serie de mesas con algunos colectivos de familiares».
Finalmente, el centro jesuita deplora que el proceso legislativo entró en una fase de aceleración, que «sometió la aprobación de las leyes al vértigo de las coyunturas políticas» y descartó los tiempos y procesos que solicitaban las familias de decenas de miles de víctimas, que carecen de una sola expresión unificada de alcance nacional.
México emprende así un camino desconocido para enfrentar su principal problema de las últimas dos décadas: la penetrante violencia de las poderosas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y la extorsión, cuya desarticulación es la exigencia número uno de su vecino y principal socio comercial, EEUU. (Sputnik)