Instituciones públicas deberían generar ingresos propios

En los últimos años Costa Rica ha visto agravarse su situación fiscal, el permanente déficit ha incrementado en gran medida los gastos al servicio de la deuda del gobierno central, siendo que las proyecciones muestren que para el año 2023 dicha deuda superaría el 60% del PIB (Fondo Monetario Internacional, párr. 3, 2019). En aras de reducir el déficit primario, las últimas administraciones de gobierno han planteado posibles soluciones que pretenden disminuir la brecha entre los ingresos y los gastos, de manera que se sitúen en márgenes esperados en el mediano y largo plazo; es así como se han aprobado y puesto en funcionamiento, una serie de marcos normativos e iniciativas que buscan alcanzar la eficiencia, eficacia y control de los recursos estatales.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que esta coyuntura económica sea analizada por las autoridades estatales desde una dualidad financiera, enfocada  exclusivamente en la contención y/o disminución del gasto público por un lado, y por otro, en un incremento de los ingresos tributarios; dejando prácticamente de lado, la generación de estrategias que permitan estimular la búsqueda paulatina de ingresos propios por parte de algunas instituciones del sector público y que, en caso de lograrse, impactaría directamente no solo en una merma de la dependencia de las transferencias que el Gobierno Central debe realizar, sino también, debería impactar positivamente en el déficit de marras.

Claro está, que traer a la palestra de discusión la propuesta de que se generen estrategias para incentivar la generación gradual de ingresos propios en el sector público, no es una idea nueva y está impregnada de polémica, no solo por la teoría de que el estado debería brindar servicio al costo y por ende no debería generar “utilidades”, sino por las condiciones jurídicas que se podrían violentar; sin embargo, los tiempos han cambiado y la realidad económica del país es muy distinta. Tanto es así, que la Ministra de Hacienda abrió el portillo de discusión, apuntando a instituciones del sector público que en apariencia podrían generar sus propios ingresos ó al menos una parte de los mismos.

Surge, entonces la pregunta obligatoria, ¿cuáles de entidades del aparato estatal que reciben transferencias podrían generar sus recursos propios, ó una parte significativa de los mismos? Responder esta interrogante, si bien genera una complejidad inicial, definitivamente dependerá de la naturaleza del servicio que cada institución brinde, así como la comprensión de que su implementación, no implica necesariamente un aumento en el valor de los bienes y/o servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía, sino que, también podría provenir de una diversificación en las fuentes de ingresos, mayores estándares de competitividad en el sector público, entre otros; la cual permitiría una reinversión o mayor penetración en áreas críticas que atienden las precitadas instituciones públicas y por ende, cumplir de una manera más eficiente con la satisfacción de las necesidades del ciudadano.

Siendo que este punto nos debería llamar a reflexionar si realmente la falta de estrategias para generar ingresos propios, es producto efectivamente de una imposibilidad material y/o jurídica para su implementación, o sencillamente es fiel reflejo de la incompetencia de algunas instituciones públicas, no solo para administrar los recursos públicos sino también para generarlos; lo cierto del caso, es que ya los ciudadanos no nos conformamos con que las instituciones pregonen únicamente la generación de “valor social”, el cual si bien es fundamental, no es excluyente de la generación de flujos económicos propios que les permita ser cada vez más independientes de las arcas estatales.

Bibliografía

Fondo Monetario Internacional (15 de setiembre de 2019). El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Costa Rica correspondiente a 2019. Recuperado de https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/04/15/pr19117-costa-rica-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-costa-rica

 (*) Rubén Lévano Calvo, Auditor y Contador Público. Licenciado en Finanzas y en Contaduría Pública, concluyendo actualmente una Maestría en Gestión y Finanzas Públicas.