El daño económico estimado preliminarmente por los sobornos destapados en contratos de obras públicas en Costa Rica asciende a ₵78,000,000,000 (setenta y ocho mil millones de colones), cerca de 126 millones de dólares. Con este dinero, se hubieran podido dar ayudas económicas de ₵100,000 (cien mil colones) mensuales a sesenta y cinco mil familias que no tienen fuentes de ingreso, durante un año completo. Es decir, si sentáramos a un integrante por familia, podríamos llenar casi dos veces el estadio nacional.
Además, como me refiero a familias vulnerables que se quedaron sin ingresos en esta pandemia, se trataría de personas que tendrían que gastar este dinero en satisfacer sus necesidades básicas, con lo cual contribuirían a reactivar la economía al adquirir los bienes y servicios que requieren, lo que ayudaría a mantener abiertos los locales y empresas que los ofrecen, así como a las proveedoras de estas, muchas de las cuales han tenido que cerrar y despedir a sus empleados por pérdida de clientes durante la actual crisis.
Es decir, el impacto de este daño económico no debería considerar solamente la pérdida de fondos públicos, sino los beneficios dejados de generarse al no ser invertidos en personas que urgen de ellos, pues no tienen cómo conseguirlos y hoy viven en pobreza o extrema pobreza.
Pero, mientras varios funcionarios de confianza de Carlos Alvarado y sus socios privados se estarían festinando estos fondos públicos (según lo plantea la hipótesis del OIJ), este gobierno se ha encargado de suspender las ayudas a quienes se han quedado sin ingresos por la pandemia, e impulsa políticas orientadas al beneficio de los ricos, no de los pobres ni de las mayorías, de las cuales Alvarado se olvidó desde que dejó su puesto como ministro de desarrollo humano en el gobierno anterior. Hoy solo tiene oídos para quienes están en la cúspide de la escala social, a quienes parece servir incondicionalmente.
Paradójicamente, con el recortismo insensible de Carlos Alvarado, él mismo no hubiera podido crear el programa puente al desarrollo, que fue su plataforma para ser considerado un ministro exitoso y posteriormente un candidato a la presidencia.
Mientras nos indignamos por el enorme daño socioeconómico provocado por esta presunta estructura de sobornos y corrupción, el gobierno de Alvarado se dedica al recortismo, a deteriorar la administración pública y a impulsar políticas regresivas, pese a su comprobado fracaso social y económico. Es decir, el daño es doble, el de este desastre ético y el de la ayuda que se deja de dar a quienes urgen de ella, pero no la reciben, pese a la existencia de recursos para hacerlo, hoy robados por la nefasta corrupción, que destruye con sus tentáculos el tejido social y abre heridas dolorosísimas que no será fácil cerrar, y que contribuyen a minar la confianza social en las instituciones, deteriorando así la civilidad y volviéndonos entonces una peor sociedad. Si se rompe la vía institucional para canalizar demandas legítimas y conflictos: ¿Cuál opción le queda a la ciudadanía?
Como muchos lo han dicho, más que a la mera falta de recursos, muchos de nuestros problemas socioeconómicos obedecen a una pésima e injusta distribución de la riqueza, que ensancha las brechas entre quienes más tienen y quienes menos tienen, tanto debido a equivocadas y débiles políticas económicas y sociales, como al gigantesco costo social de la corrupción marca PAC, que hoy compite fuertemente con el PLN y el PUSC por ver cuál es el partido político más corrupto que haya llegado al gobierno en la historia costarricense.
De lo que sí podemos estar seguros es de que estos continuos golpes a la institucionalidad, a la sociedad y a la decencia misma no se quedarán sin consecuencias, pues cuando la población deja de confiar en las vías civilizadas e institucionales, y en sus gobernantes, entonces se abren nuevas rutas para los demagogos autocráticos, para el nauseabundo fanatismo religioso, así como para el crimen organizado.
(*) Pablo Chaverri. académico
