¿Mentirosos y ladrones?

“La autoridad” nos presume mentirosos y ladrones según los requisitos que nos impone simplemente para conducir nuestras vidas. 

Llamo a esto presunción de falsedad.  Es exactamente lo contrario a la presunción de inocencia que beneficia a todo sospechoso hasta que se le pruebe culpable.  Para el Estado somos mentirosos y ladrones para empezar, hasta que presentemos prueba de lo contrario.  No se cree ni en nuestra palabra ni en nuestra firma ni en la mismísima cédula de identidad.  ¿Porque somos mentirosos y ladrones? ¿Porque no somos de fiar?  ¿Por qué hemos de cargar con esa sospecha?

Al no creerse en nuestra palabra ni en nuestra promesa ni en lo que escribimos ni en lo que firmamos como ciudadanos de buena fe, la ley (que no hacemos los ciudadanos) impone el requisito de un testigo:  un abogado o un notario, que ponga lo que decimos y hacemos en un papel (la famosa acta) con su firma y su sello, que además requiere el pago de unos impuestos (los famosos timbres, derechos, cargos, lo que se les llame) y lo incluya en un libro (el famoso protocolo que cuando era impreso iba a un cementerio de protocolos en algún sitio físico y en la era digital va a un cementerio de archivos en algún servidor. 

¿A cuenta de qué tal intervención? ¿Con qué derecho?  Lo que debemos observar es que ese testigo que nos mete la ley de por medio es alguien que vive practicando su profesión liberalmente con fines lucrativos y que cobra por dar fe pero para su enriquecimiento personal.  Entonces, se nos está obligando a contratar a otro ciudadano como cualquiera de nosotros a precios que nos dejan en bancarrota para que le contemos el cuento y que él se lo cuente al Estado y a ese sí le cree la autoridad porque a ese le ha dado la famosa fe pública a cambio de que éste preste un juramento.  Debemos entender, entonces, que al prestar ese juramento esos testigos abogados y notarios se santifican y se hacen infaliblemente probos y puros ante el poder Divino y el Estado ¿no? 

¿Por qué nos prohíben ir directamente y dar fe ante las autoridades a nosotros, los autores de nuestros actos lícitos, voluntarios y pacíficos?  ¿Qué es esto de la obligación de un acto notarial para un protocolo privado de por medio?  Ya no estamos en la era de los escribanos indispensables porque casi todos eran analfabetas.  ¿Por qué no vamos el comprador y el vendedor de la casa, del automóvil, de la finca, del producto, los novios, los herederos, al Registro, a la Municipalidad, a donde sea que se registran las transacciones y los bienes directamente y ahí firmamos ante el empleado del Estado?  ¿Por qué no puede cualquier ciudadano hacer un poder a otro y firmar y mostrar su documento de identidad al respectivo empleado estatal y que con solo eso tal poder tenga valor legal?  ¡No!  Tiene que pasar por el testigo privado que va viendo crecer su negocio con la garantía de que tiene lo que en mercadotecnia se llama un mercado cautivo.  Goza de más confianza el testigo intermediario privado que da fe por un elevado precio como negocio para su beneficio personal que el hijo del pueblo.  ¿O es que se hicieron esas leyes precisamente para fomentar ese negocio que resulta ser socialmente criminal para la población?  ¡Ya basta! ¡Sí ya basta de esto!

Por muchos años he estudiado, trabajado y vivido en una diversidad de países en donde solo en dos ocasiones, en dos países distintos, tuve que contratar a un abogado porque se trataba de reparticiones de bienes y beneficios donde había existido alguna discrepancia legal.  Pero fuera de esos dos casos jamás tuve que contratar a un abogado y sin embargo tuve una tienda, cree una empresa, compré y vendí vehículo, compré y vendí una propiedad, fundé asociaciones, trabajé, pagué impuestos, fui empleado, empresario independiente, estudié, hice turismo, solicité patentar inventos, diseñé manuales, de todo hice y puesto que nada de mi vida presentaba problemas legales y todos los actos eran por voluntad propia, lícitos y transados libre y pacíficamente no requerían de servicio legal profesional alguno.  En esos países los abogados se requieren cuando hay conflictos legales y para dar asesoramiento en asuntos legales y están presentes más frecuentemente en las esferas de los negocios, de las grandes empresas e instituciones, no en la vida de la generalidad de la población; son muchísimas las personas fuera de aquí que conozco que jamás han tenido que contratar a un abogado ni a un notario.  Y debo mencionar que en algunos sitios en que he vivido se hacen contratos con un simple apretón de manos en señal de trato.    

Al regresar al país comenzó el viacrucis;  ya me había “malacostumbrado” fuera  y empezó a arruinar mi vida el hecho de que para comprar o vender un vehículo, traspasar una propiedad, adquirir un préstamo, registrar unos derechos de autor, solicitar una patente, casarme, morirme, legar mis cosas a un heredero, solucionar una sucesión, solicitar una serie de trámites oficiales, era necesario (es necesario) contratar los servicios del intermediario y testigo privado que lucra gracias a que a mí no se me cree. 

Lo que me parece inconcebible es que esos y quienes defienden esa intermediación que debería ser inconstitucional no exploten siendo que también ellos tienen que someterse a las mismas iniquidades del sistema al no poder hacer sus trámites propios personalmente; es decir que también ellos tienen que pagarle a otro como ellos los precios de usura que cuestan los trámites.  Bueno, en una ocasión uno de esos me dijo que no le preocupaba porque entre ellos “se hacían un quiebre”; eso para mí ya fue como el colmo del cinismo; entonces, ¿reconocen que es algo exagerado y abusivo pero violan la ley para hacerse favores entre los del gremio sin que les inquiete el sufrimiento del resto de la población?

E igualmente considero aberrante que las principales víctimas, los que más necesitan de esos servicios y que pagan millones y millones diariamente por ellos:  los magnates, los empresarios, los económicamente poderosos y quienes viven en condiciones de lujo, tampoco se rebelan y acaban con ese mal pudiendo ahorrarse todos esos millones y teniendo el poder político para hacerlo.

Como un simple ejemplo de disparidad y desproporción pongo el precio de la autenticación de firma: en Costa Rica se establece un mínimo que equivale a unos 30 dólares en números redondos y eso es el 5,66% del salario mínimo.  En EUA cuesta alrededor de 20 dólares (10 dólares menos que en C.R.) pero además eso es solo el 1,66% del salario mínimo de EUA.  Si siguiéramos el ejemplo de EUA y la autenticación de firma costara el 1,66% del salario mínimo de C.R. quedaría aproximadamente en 5.300 colones.  Pero no, aquí cuesta más de 3 veces de lo que cuesta en EUA con un nivel de vida mucho más elevado que el nuestro.   Ese precio de 5.300 colones es lo que yo siempre pensé, podría cobrar yo por autenticar un documento si eso fuese lo único que hiciese (porque tengo fe pública como Traductor-Intérprete Oficial)  pero nosotros no cobramos por tener fe pública que es algo que ni se compra ni se vende sino por palabra traducida;  esa es la unidad de medida de nuestro trabajo según la tabla de honorarios que no creamos nosotros sino que nos pone el Ministerio de Relaciones Exteriores.  Somos, dicho sea de paso, los más baratos de todos los profesionales.

Por otros servicios que afectan bienes y procesos no se cobra por el trabajo realizado, los materiales empleados y algo de una ganancia lógica y razonable como hacen casi todos los demás profesionales sino un porcentaje del valor fiscal del auto, de la casa, de la finca, del juicio, etc.  ¿Cómo? ¿Cobrar una comisión o porcentaje sobre el valor fiscal de los bienes que constituyen el patrimonio familiar de la persona?  Sí, meter la mano en su patrimonio que en ocasiones es lo que ha podido acumular la familia incluso a lo largo de décadas y hasta siglos con esfuerzo, sacrificio y previsión para la descendencia. ¿Es eso lo que hacen?  Sí, es eso.  Pero como si tuvieran ellos derecho a lucrar con nuestro patrimonio; a usurar con él.  ¿Por qué no cobran por la media hora o las horas que les ha tomado hacernos el trámite mas gastos asociados con él y una razonable ganancia? 

Mi única respuesta: porque no tienen conciencia social al mantener ese método de usura oficialmente avalada que alguna despiadada e inhumana mente habrá creado por servicios que para peores no son opcionales para el ciudadano sino mandados por la ley.  Nada más antidemocrático además de constituir una fórmula perversa para el enriquecimiento instantáneo hasta con un solo cliente acaudalado y el simple traspaso de una de sus propiedades. 

Estamos en la euforia electoral y ya comienzan a aparecer los candidatos con la fórmula para acabar con todos los males del país, convertirlo en un país rico y sano y erradicar de plano la miseria, el narcotráfico, la discriminación y todo lo negativo que se nos pueda ocurrir pero ya verán cómo ningún candidato le mete mano a este tema que denuncio.  Ya lo verán. 

Lo más que logré en una ocasión fue llevar a Rodolfo Piza, entonces candidato, mi propuesta para prohibir en el país cobrar comisión o un porcentaje sobre el valor de los bienes de la persona por servicios profesionales y establecer la obligación de cobrar por alguna unidad de medida (tiempo, kilos, kilómetros, palabras, etc.) socialmente justa.  La leyó y esbozó un amago de sonrisa; asintió con la cabeza y solo dijo: “pero es algo muy complicado”.  Yo cerré la reunión diciéndole: “Si usted acoge mi propuesta y garantiza al electorado que va a adoptar esa revolucionaria medida usted será presidente” y lo digo ahora a los actuales aspirantes.  Quien se atreva estoy seguro se lleva todos los votos o la gran mayoría.

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial

25 de junio de 2021