Ciudad de Panamá, 17 ene (Prensa Latina) Analistas calificaron hoy de improcedente cualquier negociación que el Gobierno emprenda con la empresa Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense Fisrt Quantum, cuyo contrato de concesión fue declarado inconstitucional en 2017.
En su versión digital El Periódico de Panamá denuncia en un editorial que desde hace seis años la compañía ha ensayado toda suerte de acciones, sin fundamento legal, con el ánimo de generar una cobertura al continuo robo del patrimonio nacional.
Al respecto, señala que cualquier acercamiento para retomar ese pacto declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia es adverso al ordenamiento constitucional el cual subraya: “la exploración, desarrollo y utilización de los recursos naturales deben estar bajo el control y la supervisión plenos del Estado”.
Hace más de un mes que el Gobierno ordenó el cierre de las operaciones comerciales a Minera Panamá, para lo cual debió presentar un plan de cuido y mantenimiento de la planta procesadora.
Sin embargo, agrega el informativo, la empresa que opera en el distrito de Donoso, Colón, ha hecho caso omiso a las directrices, asumiendo una conducta de confrontación contra el orden público y el Estado de Derecho.
Para El Periódico…, el Ejecutivo también se presta para que, ante tal desacato, se siente a hablar y negociar un supuesto futuro contrato, lo cual los hace parte del delito.
En todo caso, cualquier documento que emane de esas pláticas, deberá ir a la Asamblea nacional (parlamento), remarcó el diario.
Mientras esto sucede, pobladores de las provincias de Panamá Este y Darién se manifiestan en las calles, tomadas por agentes policiales en protesta contra el mal estado de las vías que les impide un mayor desarrollo económico.
La gente, indica El Periódico… reclama un derecho frente a una realidad dramática de las condiciones desastrosas de su vía de comunicación, que el Estado elude con el discurso de que no hay recursos financieros para poder enfrentarlo y que negocian un préstamo internacional.
No obstante, quienes resisten la Ley hace cinco años y desde hace un mes irrespetan al Gobierno, según el medio informativo, andan libres de cualquier presión de fuerzas élites; para continuar con el robo de oro, cobre y otros minerales de alto valor comercial.
Los fondos registrados de esa inversión, puntualiza, valorados en unos 10 mil millones de dólares, bastan para darle solución a los ingentes problemas de toda la sociedad panameña, sin tener que mendigar créditos internacionales.
En declaraciones recientes a corresponsales de prensa extranjera, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, reafirmó que el Gobierno no está en negociaciones con Minera Panamá, sino en proceso de redacción del contrato y aseveró que existen profundas grietas en este episodio.
Alfaro dijo además que evalúan todas las opciones disponibles en caso de que fracasen las negociaciones en curso para que la compañía siga operando, incluida la concesión a otra empresa, sin dar más detalles.
