lunes 29, abril 2024
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Pueblo hondureño lenca aguarda con expectativa inminente fallo judicial

San Salvador, 17 feb (Sputnik).-  El próximo martes, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, centro de Honduras, pronunciará su fallo en el caso del exmilitar Kevin Saravia, ya condenado por haber asesinado al activista indígena Tomás García y ahora enjuiciado por la tentativa de homicidio de su hijo, Allan García.

Pronto se cumplirán 10 años de los hechos. El 15 de julio del 2013, la comunidad originaria lenca de Río Blanco mantenía una protesta pacífica contra la construcción del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, gestionado por la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), y el lugar era custodiado por uniformados de las Fuerzas Armadas

Fue allí que Saravia disparó contra los manifestantes, asesinando a Tomás y dejando a Allan, entonces adolescente, con múltiples y graves heridas en la región del tórax.

La Fiscalía Especial de Protección a las Etnias acusó al militar ese mismo año del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa.

Saravia ya está cumpliendo una condena de 20 años de prisión por ser el autor del homicidio de Tomás García.

«Como a un perro»

«Nosotros íbamos a dialogar con los dueños de la empresa para que pararan la destrucción en la comunidad, pero no pudimos porque los militares y policía nos atacaron. La policía y los militares llegaron a la comunidad a desalojar bruscamente a la gente que estábamos defendiendo el río», relató Allan García durante el juicio contra Saravia.

Agregó que antes de disparar, el militar le dijo que matarlo a él era «como matar a un perro».

El abogado de la acusación, Lestter Castro, indicó en la vista que el joven se encontraba a tres metros de distancia y en una superficie a desnivel con respecto al militar, por lo que no representaba una amenaza a repeler con un fusil de guerra de alto nivel destructivo.

Reconstrucción

El 3 de febrero se realizó la reconstrucción de los hechos. Castro, abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, aseguró que sus resultados coincidieron con el testimonio de los testigos.

La defensa de Saravia alega que Allan resultó herido porque caminaba detrás de su padre y recibió los disparos de forma indirecta. Por lo tanto, sostiene, no hubo tentativa de homicidio.

Pero el letrado a cargo de la acusación calificó de incongruente la versión, basándose en los resultados de las pruebas científicas sustentadas por el peritaje balístico y el dictamen de Medicina Forense.

Saravia expuso que el pelotón estaba compuesto por 20 efectivos, quienes debieron enfrentar a una manifestación de 400 personas, que según él estaban realizando actos violentos.

Al ser interrogado sobre el uso proporcional de la fuerza en este tipo de movilizaciones, el exsuboficial no supo responder.

Tampoco pudo contestar sobre qué tipos de cursos recibió acerca del manejo de este tipo de protestas.

Proyecto resistido

En 2016, en un caso separado pero que sumó indignación, fue asesinada también otra activista del pueblo Ienca: Berta Cáceres, quien se enfrentó asimismo durante los últimos años de su vida a la empresa DESA.

La compañía es propiedad del poderoso clan económico hondureño de los Atala Zablach. Su proyecto de Agua Zarca se realiza sobre las aguas del río Gualcarque, considerado vital para la supervivencia de esa comunidad.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) pidió la condena de Saravia, y la vez que se investigue a sus superiores.

También exigió al Estado la cancelación de manera inmediata de «la ilegal e ilegítima concesión sobre el Río Gualcarque», origen de las olas de violencia, persecución y muerte sufridas por miembros de esa organización social.

De esta forma, añadió COPINH, el Estado, además de garantizar los derechos del pueblo lenca, estaría honrando la memoria de Cáceres.

Por último, llamó a la comunidad nacional e internacional a ser veedores del juicio y garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas.

En lo que va de este año, al menos seis defensores de los derechos de los pueblos originarios han sido asesinados en Honduras. (Sputnik)

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