Ciudad de México, 20 feb (Sputnik).- El Estado mexicano debe esclarecer la suerte y el paradero de los defensores de los derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos en el marco de un conflicto con una empresa minera filial de la firma argentina-italiana Techint, dijeron el lunes expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
«Expertos de la ONU han exigido hoy respuestas sobre la suerte de dos defensores de los derechos humanos mexicanos desaparecidos y han instado al Gobierno de México a investigar su desaparición y llevar a los responsables ante la justicia», indica un comunicado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derecho Humanos (Acnudh).
El 15 de enero de este año 2023, el abogado de derechos humanos Ricardo Lagunes, y el líder Indígena Antonio Díaz desaparecieron en el estado de Colima, en el centro-oeste del país, con costas frente al océano Pacífico.
La desaparición se produjo en el contexto de un conflicto en curso entre la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, en el vecino estado de Michoacán (centro-oeste) y la empresa minera Ternium con sede en Luxemburgo, que es parte del grupo argentino-italiano Techint.
Los activistas fueron vistos por última vez cuando asistían a una reunión comunitaria, donde se debatieron acciones colectivas relacionadas con los impactos de la empresa sobre los derechos humanos.
Víctimas y obligación del gobierno
Díaz es miembro de la comunidad que se ha visto perjudicada por la empresa minera.
Por su parte, Lagunes prestó asistencia jurídica a la comunidad víctima de las actividades de las empresas mineras.
El Gobierno de México «debe llevar a los responsables del crimen ante la justicia, ofrecer reparación a las víctimas y sus familias y garantizar su seguridad», dicen los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, presidido por Pichamon Yeophantong.
Esa instancia integrada por otros cuatro personas especialistas – Damilola Olawuyi, Fernanda Hopenhaym , Elżbieta Karska y Robert McCorquodale- , subraya la prohibición de las desapariciones forzadas y la obligación de investigar, procesar y castigar a los responsables son normas de ‘jus cogens’ (imperativa).
«Se trata de una parte del derecho internacional que no puede dejarse de lado, independientemente de la inestabilidad política interna o de cualquier otra emergencia pública», afirmaron los expertos.
Los especialistas señalan que las desapariciones forzadas tienen un efecto amedrentador sobre los defensores de los derechos humanos y silencian las voces críticas.
Además, instaron al gobierno a garantizar que los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo su labor, a menudo vital, en un entorno seguro.
«El Gobierno debe garantizar que las empresas respeten los derechos humanos en todas sus actividades, incluido en relación al relacionamiento con personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades afectadas», afirmaron los expertos.
Las empresas están obligadas a proporcionar toda la información de que dispongan en relación con la desaparición de los dos defensores de víctimas de abusos, subraya el posicionamiento.
La postura es respaldada por el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias, que preside Luciano Hazan, todos integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Miles de personas siguen desapareciendo cada año en el país latinoamericano, y hay «más de 105.000 se consideraban desaparecidas al mes de septiembre», la mayoría desaparecieron después de 2006, según el Informe Mundial 2023 de Human Rights Watch.
En México cerca del 90 por ciento de los delitos nunca se denuncian, y los pocos resultados de las investigaciones arrojan una impunidad de casi total (99 por ciento), según las cifras del informe de HRW. (Sputnik)
Expertos de la ONU exigen a México esclarecer paradero de dos defensores de DDHH
