Ciudad de Guatemala, 4 mar (Prensa Latina) El rechazo a una orden judicial para investigar a periodistas y columnistas del diario elPeriódico y el proceso electoral, marcaron la semana noticiosa que concluye hoy en Guatemala.
La decisión del juez Décimo Penal, Jimi Bremer, trascendió el miércoles pasado y responde a publicaciones realizadas por ocho comunicadores sobre el proceso que se sigue contra el fundador y director del medio, José Rubén Zamora, a quien acusan ahora del supuesto delito de obstrucción de la justicia.
Ante lo que se considera como un nuevo intento de criminalizar la libertad de expresión, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó en un comunicado la actuación de Bremer y de la fiscal Cinthia Monterroso del Ministerio Público (MP), a cargo del caso Zamora.
De acuerdo con la APG, se viola flagrantemente el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que sustenta la libertad de emisión de pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa, y no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna.
Por el curso de los acontecimientos, la directiva del gremio también rechazó el «contubernio existente entre el Ministerio Público y algunos jueces, para desatar una persecución contra periodistas y columnistas de prensa».
Esta reiterada acción, argumentaron, encuadra en la figura del prevaricato, un delito que sanciona con prisión de dos a seis años a los responsables de emitir resoluciones contrarias a la ley.
Monterroso pidió la investigación de Édgar Gutiérrez, Gerson Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy, Christian Velix, Alexander Valdez, Ronny Ríos y Denis Aguilar, acusados de propiciar desinformación en el caso Zamora.
En respuesta, la APG convocó a todas las entidades de prensa del país a una reunión urgente el lunes próximo para decidir acciones a seguir en defensa de la libertad de prensa.
También este sábado habrá una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia (en esta capital) y en varios departamentos en apoyo a los colegas criminalizados.
La reacción de organizaciones guatemaltecas e internacionales fue inmediata; la Asamblea Social y Popular, que reúne a grupos sindicales, campesinos, magisteriales y empleados públicos, los partidos Winaq y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca salieron a defender a los periodistas criminalizados y el derecho de la ciudadanía a la información.
También se pronunciaron en contra de las acciones del MP para coartar la libertad de expresión, la Alianza por las Reformas, Acción Ciudadana y la Convergencia Nacional de Resistencia (CNR).
Esta última, además, llamó a la ciudadanía a «votar resistiendo y resistir votando» en la cita en las urnas el 25 de junio venidero ante la exclusión de binomios presidenciales y la opacidad en el proceso electoral en esta primera etapa, abierta el pasado 20 de enero.
