lunes 13, mayo 2024
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Justicia de Haití amenaza con arrestar a extorsionadores

Puerto Príncipe, 8 mar (Prensa Latina) El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití, amenazó hoy con arrestar y limitar servicios públicos a extorsionadores que intimidan a instituciones, comercios, escuelas y ciudadanos comunes.

La cartera confirmó que recibió informes sobre chantajistas que envían cartas a las víctimas y amenazan con destruir los bienes y viviendas, además de asesinar y secuestrar si no reciben dinero.

El Ministerio pidió a los afectados no manipular en exceso los documentos para que huellas dactilares y otras evidencias no desaparezcan y permitir que la Dirección Central de Policía Judicial y la Policía Científica puedan encontrar a quienes enviaron las misivas gracias a la base de datos del Estado.

También anunció que adoptarán las medidas para no entregarles pasaportes, casilleros judiciales y limitar su acceso a servicios públicos, además de ordenar su arresto por actividades terroristas, blanqueo de capitales y otros delitos.

Varias escuelas y comercios anunciaron el cierre luego de denunciar amenazas de grupos armados que aumentaron en el último año a medida que las pandillas controlan zonas más amplias del país.

De hecho, el propio ministerio solicitó el lunes a la Policía proteger la vida y bienes de los ciudadanos en un contexto de deterioro del clima de seguridad y recordó a la población que, en los casos en que personas con armas ingresen a los hogares con violencia la ley permite defenderse de los agresores.

El recordatorio de las autoridades sale a la luz tras una tensa semana que vivió la capital con los enfrentamientos por el control del centro de la ciudad que, de acuerdo con la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos provocaron al menos 60 muertos, según un balance preliminar.

Zonas como Bel Air, Solino o Nazon fueron escenarios de conflictos y miles de personas fueron empujadas a abandonar sus viviendas en medio de la lluvia de balas.

Haití lleva años sumido en una profunda crisis económica, de seguridad y política que se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, a lo cual se suma la falta de instituciones estatales y los pocos recursos de la policía para enfrentar a las pandillas.

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