Ciudad de México, 10 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este viernes que el Ejército mexicano intervino los teléfonos de un defensor de derechos humanos, en el marco de una investigación contra la delincuencia, como adelantó una investigación periodística.
«Es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado y tiene como propósito conocer sobre movimientos y operaciones de la delincuencia organizada», dijo el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.
Una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) reveló el 7 de marzo que el Ejército utilizó el malware Pegasus para intervenir el teléfono celular del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, activista del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas (noreste).
«Se tiene que hacer investigación, no espionaje que es distinto; y el instituto de inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia para no usar la fuerza», respondió el mandatario a una periodista de Animal Político, uno de los medios que publicó el hallazgo.
Documentos internos muestran que el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, fue informado de la intervención del teléfono del defensor y representante de las familias de las víctimas, en las pesquisas sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en 2020 en la ciudad Nuevo Laredo, Tamaulipas, fronteriza con EEUU.El mandatario subrayó que todo el proceso de seguimiento fue sustentado en la ley.
«Sí, estoy enterado, pero no hay ninguna ilegalidad (…), existe la base legal porque el Estado mexicano tiene una oficina de inteligencia, y tiene facultades para hacer investigaciones con autorización», prosiguió López Obrador.
No obstante, la periodista dijo que la cartera de la Defensa fue consultada con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la respuesta fue que no solicitó autorización judicial para realizar la intervención telefónica.
La Defensa respondió que «no hizo ninguna solicitud para intervenir comunicaciones. Sin embargo, el reporte que dan al Secretario de la Defensa (general Sandoval) se trata de la intervención del teléfono de un civil», según Animal Político, R3D, la revista Proceso y el periódico español El País, entre otros medios que publican sobre el caso.
López Obrador argumentó que «la inteligencia tiene que ver con prevenir actos de sabotaje, de crímenes, porque el Estado tiene como propósito proteger a las personas, para eso se requiere inteligencia».
El mencionado documento interno es parte de un hackeo masivo de documentos militares realizado el año pasado por el grupo activista autodenominado Guacamaya en Chile, Colombia, Guatemala y El Salvador, México y Perú.
La recomendación que se indica en el mencionado documento es que la información «se proporcione con carácter confidencial a la Policía Ministerial para que sirva como elemento de juicio a la investigación», pero sin agregarla al expediente oficial de las pesquisas del caso, que involucra a militares.
«Nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales, hicimos el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor», replicó el presidente.
Finalmente, el líder mexicano denunció que se trata de una campaña de medios de comunicación y activistas civiles adversarios a su administración y reafirmó que no son espiados.
«El espionaje tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores, (es) lo que nosotros padecimos durante años», puntualizó López Obrador.
Según la R3D el objeto de la intervención sin autorización judicial del teléfono del activista era proporcionar a la Policía Ministerial Militar información para desprestigiar al defensor, acusándolo de tener nexos con criminales del Cartel del Noreste.
El 3 de julio de 2020, el Ejército informó de un enfrentamiento entre militares y presuntos sicarios de esa organización criminal que surgió tras una escisión de Los Zetas, fundada por militares desertores.
El parte de la defensa indicó en esa ocasión que «resultaron 12 agresores reducidos», que portaban armas de largo alcance y vehículos, sin bajas militares.
Días después, familiares de tres víctimas contactaron al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y el activista Ramos recibió información de que los tres habían sido víctimas de desaparición forzada días antes del enfrentamiento. (Sputnik)
Presidente de México confirma que el Ejército intervino teléfono de activista de DDHH
