San José, 16 mar (EP/PL).- Los presidentes de la República, Rodrigo Chaves, de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, debatirán hoy sobre la seguridad en Costa Rica, afectada por una ola de violencia.
En un mensaje a la población sobre el tema, el mandatario reveló este lunes que el viernes pasado le pidió a Arias y a Aguirre que «nos tomemos un café de trabajo el próximo jueves, para marcar la ruta que hace falta para devolverle a usted la seguridad que demanda y que merece».
Asimismo, invitó a ambos a que a mediados de abril venidero «lo acompañen a presentar juntos las reformas de ley urgentes y que las presentemos como equipo, sin que nadie se lleve crédito sobre temas que urgen: portación de armas, extradición, medidas cautelares, prisión preventiva y beneficios carcelarios».
También, prosiguió, sobre intervenciones telefónicas, la ley penal juvenil, y los parámetros mínimos de sentencia para ciertos crímenes. El presidente aprovechó para decirle a los diputados que «al final del día va a ser su decisión, de acuerdo con la Constitución Política y al régimen de derecho, que todos amamos, de si van o no van a pasar esas leyes y a qué velocidad lo van a hacer».
En los primeros 73 días de este año Costa Rica registró 164 homicidios, para un incremento de un 20 por ciento en relación con el año anterior, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Esa cantidad representa una muerte violenta cada 12 horas, mientras los 164 crímenes son 27 más que los contabilizados en igual etapa de 2022, cuando sumaron 654, con una tasa de 12,6 por 100 mil habitantes, ambas cotas máximas históricas.
Los vaticinios son que al concluir diciembre serán más de 900 los hechos de este tipo en el país, la mayoría de ellos asociados al narcotráfico.
Debido a la inseguridad y el reclamo ciudadano por esta situación, el presidente de la Asamblea Legislativa indicó este lunes que la próxima semana tendrá una reunión con altos mandos de diferentes poderes del Estado y espera agilizar al menos cinco proyectos de ley para intentar controlar la ola de criminalidad.
«Entre todos buscaremos el consenso de esas cinco prioridades, una vez determinado esto, mi compromiso es llevarlo a las Jefaturas de Fracción para que, ojalá en un plazo no mayor a un mes, podamos aprobar estos proyectos», apuntó Arias.
En un intento por contener la ola de criminalidad, un decreto presidencial firmado este miércoles establece que los condenados por delitos de crimen organizado, delitos contra la vida y delitos sexuales podrán ir a un régimen de confianza solo cuando cumplan la mitad de la pena.
Chaves dijo que el Gobierno respeta los derechos humanos de las personas privadas de libertad y cree en la correcta inserción social, pero aclaró que hay conciencia de que la situación actual amerita tomar decisiones de peso para ser mucho más rigurosos en este tema.
