Bogotá, 21 mar (Sputnik).- El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, afirmó este martes que el presidente Gustavo Petro afectó la institucionalidad y el orden público con sus decretos de cese el fuego.
«Desde el 30, 31 de diciembre de este año, se tomaron unas decisiones que atentaron contra la institucionalidad y el orden público por parte del presidente de la República. Hizo una suspensión de militares y policivas (policiales) en el territorio nacional, sin verificación y limitación geográfica. Eso llegó a una situación de inoperatividad de la fuerza pública», dijo el fiscal en un video difundido por la emisora Blu Radio.
Afirmó que no fueron ejecutadas más de 300 órdenes de captura porque ni la Policía ni el Ejército podrían entrar a zonas rurales.
«Quemaron ambulancias, quemaron peajes. Un paro minero patrocinado por el Clan del Golfo. Esto es lo que también está ocurriendo (…) En el marco de esas decisiones desacertadas del manejo del orden público de Colombia hoy estamos en una situación de caos y, al mismo tiempo, de imposibilidad de hacer ejercicio de la acción judicial”, agregó Barbosa.
Consideró que el narcotraficante «Pablo Escobar y el cartel de Cali estarían felices con la ley de sometimiento», por lo que «están (las iniciativas gubernamentales) ensuciando la dignidad de este país».
El Gobierno colombiano presentó el 15 de marzo ante el Parlamento la «Ley de sometimiento», según la cual los integrantes de estructuras criminales deben aceptar su responsabilidad penal por todos sus, entregar delitos información sobre sus patrones, reparar a sus víctimas y, a cambio , el Estado se compromete a imponerles una pena alternativa de entre seis y ocho años de cárcel efectiva.
«Ahora los máximos responsables tienen una pena entre seis y ocho años, si ya cumplieron los ocho años se van para la calle, así han cometido crímenes de lesa humanidad», señaló Barbosa.
El domingo pasado, Petro anunció el fin del cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo, un grupo armado organizado paramilitar con presencia en más de 200 municipios de Colombia, financiado a través del narcotráfico.
«El Clan del Golfo también somete a la comunidad minera a una especie de confinamiento poblacional ya una instrumentalización para salvar lo que no es el interés de la pequeña minería, que es la gran minería ilegal», sostuvo el mandatario.
La referida organización criminal anunció el 7 de agosto, día de la investidura presidencial del izquierdista Petro, un cese al fuego unilateral «como expresión de buena voluntad con el Gobierno que inicia y su amplia disposición de búsqueda de caminos de paz para todos los actores del conflictos».
Asimismo, el Gobierno de Colombia y la guerrilla denominada Ejército de Liberación Nacional (ELN) alcanzaron el 10 de marzo un acuerdo para un cese al fuego bilateral, suscrito al concluir el segundo ciclo de diálogos de paz, establecidos en México.
Fiscal general de Colombia acusa al presidente Petro de atentar contra institucionalidad
