Ciudad de México, 27 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que su Gobierno impugnará la suspensión de las reformas de las leyes electorales, tras la orden de un magistrado de la Suprema Corte que admitió una solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) alegando que las modificaciones aprobadas por el Congreso y recién promulgadas por el Ejecutivo son inconstitucionales.
“Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió, y se convierte en los hechos en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomó los diputados y los senadores la anula (…) Vamos a continuar por la vía legal”, dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.
Un ministro instructor del máximo tribunal concedió la noche del viernes la suspensión de todos los artículos impugnados solicitados por el INE «para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma «, según el fallo provisorio.
El mandatario considera que es una anulación de la reforma la suspensión del amparo judicial otorgado al INE, mientras que el asunto llega al pleno de la Corte Suprema, cuando todos los once ministros resuelvan el fondo de la controversia constitucional.
«Pueden haber interpretaciones a la Constitución ya las leyes pero en realidad eso (anular) fue lo que hizo», aseguró el gobernante.
López Obrador entiende que el origen de la disputa son los que consideran los privilegios de los consejeros nacionales y no el apego a la Carta Magna de la ley electoral.
«No es un asunto jurídico, es un asunto político y yo diría mercantil (…), lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, a eso se reduce todo», afirmó.
Sobre la autonomía y un «Plan C»
Según el presidente mexicano, los ministros de la Corte Suprema violan la Constitución al otorgar amparos judiciales que permiten a funcionarios de los entes estatales autónomos superar el salario del jefe del Ejecutivo federal.
López Obrador descartó que las manifestaciones de opositores y organizaciones civiles, bajo la consigna «el INE no se toca», sean en defensa de la autonomía e independencia del árbitro electoral.
«En eso consiste ‘el INE no se toca’, porque en la ley electoral se fundamenta topes (salariales), de acuerdo a la Constitución, porque nadie puede ganar más que el Presidente de la República, así está en el artículo 127 de la Constitución”, subrayo.
«Esas instituciones supuestamente autónomas sí son autónomas e independientes del pueblo, no de los grupos de poder económico y político», prosiguió.
Las controvertidas reformas al sistema electoral fueron aprobadas en dos paquetes, uno en diciembre y otro en febrero, que el Gobierno se denomina «Plan B», debido a que el proyecto original para cambiar la Constitución fue descartado en diciembre de 2022 por el Senado, al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos.
Finalmente, López Obrador dijo que si al final de la impugnación es rechazada en forma definitiva la reforma electoral que propone, «hay un Plan C».
Ese tercer plan consistiría «en que no se vote por el bloque conservador (en 2024), para que siga la transformación, no un voto a los conservadores», puntualizó.
El domingo pasado, la presidencia publicó un comunicado para denunciar lo que considera «arbitrariedades» en la decisión del magistrado de la Corte, Javier Laynez Potisek.
La Consejería Jurídica de la Presidencia impugnará la decisión del ministro, que admitió un trámite la solicitud del INE y suspendió la aplicación del decreto promulgado el 3 de marzo por López Obrador.
Este edicto reforma y deroga las leyes de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos, del Poder Judicial en materia electoral y la nueva ley general de Medios de Impugnación de resultados en los comicios.
La presidencia considera fundamental que los ministros del máximo tribunal «actúen dentro de las atribuciones que le corresponden,
El Ejecutivo federal anunció que «no permitirá que se viole la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admita a trámite dicha controversia».
El magistrado Laynez considera que «se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía», por las reformas, aprobadas con la mayoría simple de la mitad más un voto que posee el oficialismo en el Congreso. (Sputnik)
