Santiago, 5 abr (Sputnik).- El Congreso debate a paso rápido la tramitación de un proyecto de ley que entrega más atribuciones a Carabineros (policía militarizada). El principal escollo radica en uno de los articulados de la iniciativa, denominado «legítima defensa privilegiada».
El texto establece una presunción legal de que los funcionarios policiales actúan en defensa propia cuando causan daño o provocan la muerte por el uso de armas de fuego, objetos o mediante artes marciales, en el caso de que esté en riesgo su integridad. La presunción opera si el carabinero se siente agredido por una persona o por un grupo de ellas, como puede ocurrir, por ejemplo, en una protesta.
La derecha ha sido el sector que más se ha empeñado en impulsar el proyecto y sus líderes celebraron y hasta entonaron emocionados el himno de Carabineros en los salones del Congreso el pasado 29 de marzo, cuando este se aprobó en la Cámara de Diputados. Pero el apoyo no se circunscribe a este sector, sino que es transversal.
La iniciativa obtuvo votos positivos de la Democracia Cristiana (centro), del Partido por la Democracia (centroizquierda), del Partido Radical (centroizquierda), del Partido Socialista (centroizquierda) y de varios parlamentarios independientes de izquierda. Aún quedan etapas pendientes del trámite legislativo, pero no sería sorpresa que el proyecto sea aprobado y promulgado en los próximos días, debido a al rápido avance registrado.
El Gobierno no ha tomado una postura directa contra el proyecto e incluso descartó usar el veto presidencial para detener su discusión, pero sí ha deslizado críticas y solicitado modificaciones. «No queremos gatillo fácil, porque después lo vamos a lamentar», dijo en entrevista con Canal 13 la ministra vocera, Camila Vallejo.
Uno de los 155 diputados encargados de dirimir la disyuntiva, si es que el proyecto debe retornar a tercer trámite legislativo en la Cámara, será Mercedes Bulnes, abogada, cuya historia se vincula directamente con la defensa de los derechos humanos, lo que le costó, entre otras cosas, haber sido detenida y exiliada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La parlamentaria votó en contra del articulado sobre legítima defensa privilegiada la semana pasada. «No puede haber un eximente anticipado que obliga a la víctima a explicar por qué estaba en un determinado lugar y qué estaba habiendo. Eso va en contra de las normas generales del derecho», explicó la legisladora en conversación con Agencia Sputnik.
Bulnes dijo que en este caso «se está poniendo la carreta delante de los bueyes, como se dice en el campo, o también, se está pintando la casa antes de revisar los cimientos. Crear una eximente de responsabilidad es muy peligroso para nuestro país y sin duda nos va a valer condenas internacionales si esto llega a ser ley».
Por último, hizo un llamado al Ejecutivo, no a detener la norma, pues eso ya no pasó, sino a imponer modificaciones al documento. «Espero que el Gobierno haga uso del veto sustitutivo (rechazar el proyecto y devolverlo a la Cámara para que se modifique) y que la Cámara y el Senado reflexionen. No se puede legislar sobre la emoción y el rechazo que nos produce determinado hecho, como es la muerte de los dos policías a los que se ha dado el nombre la ley, cuyos fallecimientos no se habrían evitado con consagrar esta eximente», cerró.
Naín y Retamal
La rápida tramitación del proyecto de ley llamado Refuerzo y protección de la función de Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Policía Marítima y Aeronáutica Civil, se enmarca en el contexto de una cruda crisis de seguridad que atraviesa Chile, con un sostenido aumento de los delitos violentos.
Este año fueron asesinados tres Carabineros, lo que empujó con más rapidez el trámite de la norma. Dos de ellos, el cabo segundo Eugenio Naín y el sargento segundo Carlos Retamal, le dieron título a la iniciativa: Ley Naín-Retamal.
El documento establece la pena de presidio perpetuo calificado por el delito de homicidio a un carabinero; aumenta los castigos contra quienes agredan, hieran, golpeen, maltraten, castren o mutilen a un carabinero, un detective o un gendarme; obliga al Ejecutivo a dotar de más equipamiento a las policías; castiga en específico el lanzamiento de bombas molotov contra vehículos policiales y establece la polémica legítima defensa privilegiada.
En contra
Las palabras de Vallejo sobre gatillo fácil son las que tomaron los detractores de la medida para calificarla, creando un hashtag con ese mismo concepto para criticar la normativa en redes sociales y pedir su rechazo.
Se han manifestado en contra organizaciones como Londres 38 (derechos humanos), Coordinadora 8M (feminista), Modatima (derechos medioambientales), Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (derechos humanos), Red de Mujeres Mapuche (indigenista), Movimiento de Acción Migrante (pro derechos migrantes), Comisión de Ética contra la Tortura (derechos humanos), Corporación Humanas (equidad de género) y muchas otras.
Internacionalmente, levantaron las alertas Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La primera emitió informes donde advirtió sobre eventuales abusos que se podrían cometer bajo el alero de esta ley. «Se valida un uso desproporcionado de la fuerza, transgrediendo los principios de necesidad y proporcionalidad, y la jurisprudencia internacional, en el tema tanto de los Órganos de Tratado de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos», dijo el director de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos.
Por su parte, ONU Derechos Humanos emitió un comunicado pidiendo a los legisladores modificar el apartado de la legítima defensa privilegiada, asegurando que esta «no se ajusta al derecho internacional en materia de derechos humanos».
«La seguridad es un derecho humano que el Estado debe garantizar, y para ello la labor de las policías es fundamental, pero el objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad», afirmó Jan Jarab, jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur.
Además, un grupo de más de 80 abogados penalistas y criminólogos nacionales firmaron una carta advirtiendo que la ley podría afectar gravemente los derechos de las personas. La carta fue compartida por el presidente Gabriel Boric en su cuenta de Twitter. (Sputnik)
