Quito, 11 abr (Sputnik).- La comisión legislativa de Fiscalización y Control Político de Ecuador, donde se tramita el juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, por presunto peculado, dio paso el lunes a la incorporación en el proceso de 49 pruebas de oficio, en una votación de cinco votos a favor por cuatro en contra.
El legislador Roberto Cuero señaló en Twitter que la resolución aprobada fue «para admitir pruebas de acuerdo con el dictamen de la Corte Constitucional, en concordancia con el artículo 129 de la Constitución, e inadmitir pruebas que no tienen vínculos con el dictamen».
En tanto, Fernando Villavicencio, presidente de la comisión de Fiscalización y Control Político y de la bancada independiente, dijo que la posición de los bloques de mayoría era impedir que fueran aceptadas las pruebas canalizadas a través de su despacho y el de la legisladora Ana Belén Cordero, de la bancada oficialista (CREO).
Según Villavicencio, con ello se excluyó «información importantísima de quiénes son los que están detrás de esta mafia intermediaria que controla no solo el comercio de crudo, sino también el transporte de hidrocarburos en los buques contratados por la empresa pública Flopec (Flota Petrolera Ecuatoriana)».
En la misma sesión legislativa, Edgar Neira Orellana, abogado del presidente Lasso en este proceso, expuso las razones de las solicitudes de pruebas presentadas en un oficio el pasado 6 de abril por el mandatario.
«Todos los pedidos se fundamentan en el derecho constitucional de defensa», señaló.
El presidente ecuatoriano enfrenta un proceso de juicio político luego que la Corte Constitucional aprobara la solicitud de cuatro legisladores que investigaron el caso «El Gran Padrino», una presunta trama de corrupción denunciada por un medio de comunicación local.
Los documentos y audios revelados señalan una supuesta corrupción en empresas públicas y nexos con la mafia albanesa, donde fue implicado el empresario Danilo Carrera, cuñado del mandatario ecuatoriano, quien a su vez es responsabilizado de no solicitar una investigación judicial pese a conocer dos informes con indicios de las irregularidades. (Sputnik)
