Ciudad de México, 12 abr (Sputnik).- El Estado mexicano analizará una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que le ordenó este miércoles apegarse a la Convención Americana para eliminar la figura procesal de «arraigo» y modificar la Constitución sobre la «prisión preventiva oficiosa», es decir automática.
«El Estado Mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano, con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones», dijeron en un comunicado conjunto las carteras de Gobernación (Interior) y Relaciones Exteriores.
El análisis se propone «asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los compromisos internacionales del Estado y sus procesos democráticos internos», dice la respuesta a la Corte Interamericana.
El presidente de la Corte IDH, el magistrado uruguayo Ricardo Pérez Manrique, leyó el dictamen del caso de dos demandantes quienes, de acuerdo con la sentencia, «fueron víctimas de la violación a los derechos a la libertad personal; a ser oídos y a la presunción de inocencia».
Este 12 de abril, el Gobierno de México fue notificado de la sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, emitida por la Corte Interamericana en relación con el caso de dos personas detenidas – Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz- en 2002.
El Gobierno de México confirma que la Corte notificó su sentencia al Estado en una audiencia en línea, en la que participaron representantes de la carteras federales de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.
También fueron notificados el Consejo de la Judicatura federal, el Poder Judicial del Estado de México que rodea la capital, la Fiscalía local y la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la entidad federativa.
El Gobierno se queja de que los magistrados desestimaron «alegatos sobre una posible desviación de poder, en concordancia con la solicitud del Estado» mexicano.
La Corte determinó que sean aplicadas «medidas de satisfacción, rehabilitación e indemnización compensatoria en favor de las víctimas», dice el comunicado conjunto del Gobierno mexicano.
La orden establece que el Estado mexicano deberá adecuar su marco normativo respecto a las figuras del «arraigo pre-procesal» y la «prisión preventiva oficiosa», con el fin de que su aplicación cumpla con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte IDH estableció un plazo de un año para que el Estado informe sobre el cumplimiento de la sentencia.
Los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios 2022 revelaron que más del 40 por ciento de las más de 220.400 personas detenidas en penales de México están sin sentencia. (Sputnik)
