San José, 19 abr (Sputnik).- La Superintendente Rocío Aguilar Montoya, de la Superintendencia General de Entidades Financieras SUGEF, dijo a los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales que las asociaciones solidaristas están eximidas de la supervisión por parte de las entidades financieras.
La funcionaria fue convocada para que se refiriera al expediente 22.980 Ley para el Fortalecimiento de las Asociaciones Solidaristas que entre las principales reformas que impulsa busca hacer obligatoria la enseñanza del solidarismo en los centros educativos, la permanencia de los pensionados en la organización como «asociados jubilados» y la actuación de oficio del Ministerio de Trabajo, cuando se presente alguna anomalía en una organización.
De acuerdo con Aguilar, este proyecto lo que hace es legalizar por medio de la ley, lo que aplica de oficio en las asociaciones solidaristas y es la no supervisión por parte de la SUGEF, pues ya en el artículo 117 de la ley se contempla que el CONASIF las exima de esa fiscalización o supervisión.
Aclaró que desde julio del 2021 el CONASIF acordó que la Superintendencia no las supervisara, pues «las razones que se esgrimieron tienen que ver con su propia naturaleza jurídica, porque son organizaciones que carecen de patrimonio. Los aportes de los afiliados a las cooperativas son pasivos de la cooperativa y no confirman, en la persona jurídica de la organización, un patrimonio, por lo que no se les puede aplicar esa instrumentación.
Explicó que de otra manera podría ser tentador, que, en una materia tan especializada, donde hay riesgos financieros, riesgos constructivos, riesgos legales, ambientales, contractuales, puedan las asociaciones incurrir en situaciones que comprometan el dinero que es de todos los afiliados y no hay un patrimonio que pueda responder.
La diputada Johana Obando se refirió a una de las severas dudas que tiene y es la sentencia de la Sala Constitucional en la que indica que estas organizaciones son intermediarios financieros y por lo tanto podrían ser supervisadas.
«Cuando hay intermediación financiera, quien corre con el riesgo es el intermediario, mientras que, en el caso de las asociaciones solidaristas, quien corre con el riesgo y tiene las perdidas es el propio asociado, por eso es diferente», sostienen los representantes de la SUGEF.
Por su parte la parlamentaria Melina Ajoy también se interesó en profundizar en la posibilidad de que las asociaciones solidaristas puedan invertir en obra pública por lo que pidió detalles de si esto servirá para ampliar el mercado.
Ante las dudas que se presentan debido a las quiebras en algunas cooperativas, la parlamentaria Luz Mary Alpízar propone la posibilidad de que se pueda ejercer alguna supervisión diferenciada.
Para la Superintendente Aguilar Montoya el que una cooperativa esté supervisada por la SUGEF no es una garantía absoluta de que nada malo va a ocurrir.
