Nuestro país se encuentra hoy día en un proceso de contrarreforma en materia de participación ambiental. Este asunto no es nuevo. Ya desde hace algunos años este proceso se ha dado, creando políticas y normativa jurídica sin las consultas apropiadas o con consultas “turecas”.
También han sido bombardeadas diversas instancias participativas de nuestro sistema institucional desde el mismo poder ejecutivo. Por ejemplo, desde la administración Rodríguez Echeverría hasta recientemente, los ataques al sistema participativo del SINAC han sido frecuentes, mediante recursos de inconstitucionalidad, propuestas de reformas legislativas o restándole recursos para su funcionamiento.
Se han creado también numerosas instancias cuyos criterios no son vinculantes. Hasta la Sala Constitucional ha salido con la argumentación que la participación en las decisiones de carácter ambiental no es parte de las garantías establecidas por el Artículo 50 de la Constitución que garantiza el derecho a un ambiente sano para todas y todos los habitantes del país, cambiando un criterio en contrario censo que se mantuvo por muchos años.
Las últimas piezas de esta cruzada centralizadora del poder lo constituyen el entierro ejecutivo-legislativo del Acuerdo de Escazú y los proyectos de ley de reestructuración que se han presentado en esta administración para el MINAE y el resto de la institucionalidad ambiental. El examen de todo este proceso a la luz del artículo 9 de la Constitución según el cual el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable llama a la meditación cuando se trata de la administración del patrimonio natural que por mandato legal es de todas y todos los costarricenses.
Sin embargo, a contrapelo de esta tendencia y gracias a los esfuerzos del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, el Parlamento Cívico Ambiental está plenamente instalado hoy día en su tercera versión. Tiene como misión, entre sus objetivos, incidir de manera efectiva en la definición de políticas públicas – legislativas y de gobierno que fortalezcan el marco de políticas ambientales en Costa Rica. Asimismo, busca promover la co-creación entre las organizaciones de la sociedad civil y los decisores políticos representados en la Asamblea Legislativa, en la búsqueda de acciones afirmativas para el desarrollo de las políticas ambientales.
Se compone por más de 35 organizaciones de la sociedad civil organizada, comunitarias, empresas ambientales y universidades públicas de todo el país. Hoy día, sus organizaciones participantes se están organizadas en 9 comisiones temáticas que se encuentran desarrollando dictámenes técnico-políticos sobre los más importantes proyectos de ley que están en la corriente legislativa. Su trabajo se centra en las áreas de biodiversidad, bienestar animal y áreas protegidas; democracia ecológica y justicia; energía y minas; gestión integral de residuos; marina y costera; ordenamiento territorial y movilidad urbana; pesca y derechos fundamentales; recurso hídrico; turismo, agroecología y economía verde.
Proyectos tan controversiales como los de la Ley de Creación del Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda, la Ley de Fortalecimiento de las Competencias del MINAE, las propuestas de reformas a la Ley de Biodiversidad, la Ley DUA, la Ley de Gestión Integral de Recurso Hídrico o la Ley de Transformación de RECOPE se encuentran en estos momentos siendo dictaminadas por estas comisiones. Para canalizar sus dictámenes, con el apoyo del Departamento de Participación Ciudadana buscarán reuniones con los y las diputadas de las comisiones pertinentes o del plenario que impulsan las iniciativas.
El 12 de mayo, la Asamblea Plenaria conocerá para su aprobación los siete primeros dictámenes de las comisiones. Estos resultados, producto de un proceso democrático, transparente, crítico e informado consolidan un esfuerzo conjunto que demanda la respuesta y responsabilidad de la Asamblea Legislativa para garantizar que el carácter participativo de la democracia sea una realidad y que ese patrimonio de todas y todos los costarricenses sea administrado en la forma en que demandan nuestra legislación y nuestra Constitución. Honramos el Día de la Tierra con la expectativa de que las y los señores diputados valoren y apoyen esta iniciativa, en la cual una vez más, Costa Rica puede retomar su papel de liderazgo respecto a sus políticas y normativas ambientales a nivel internacional. Quedamos expectantes de que se honre este esfuerzo.
(*) Dr. Bernardo Aguilar González, Presidente del Parlamento Cívico Ambiental
