Tegucigalpa, 5 may (Sputnik).- El mes de mayo abre un camino de esperanza en la lucha contra la corrupción en Honduras, uno de los países de América Latina más dañados por ese flagelo, luego que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunciara la inminente llegada Tegucigalpa de un equipo de expertos encargado de comenzar a desbrozar el camino en tal sentido.
Han pasado casi cinco meses de la firma en la sede la ONU del memorando de entendimiento entre el Gobierno hondureño y el foro mundial, primera piedra para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
En medio del intenso debate político entre oficialismo y oposición, y cuando la presidenta Xiomara Castro denuncia la existencia de una conspiración contra su administración, con un gran componente mediático y la artillería de las redes sociales, la CICIH es la palabra de moda en el vocabulario político catracho.
La génesis de la sigla es preciso buscarla en la campaña electoral de 2021, cuando Castro inscribió la fórmula en la bandera del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que la llevó al poder el 27 de enero de 2022.
La promesa de instalar la CICIH fue la manera a la que apelaba Libre para intentar reparar el daño provocado a la nación por tres administraciones del Partido Nacional (derecha), que tuvo su clímax el 19 de enero de 2020 cuando el presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), en la actualidad a la espera de juicio por narcotráfico en una cárcel estadunidense, no renovó el convenio con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH).
Bajo esa sigla el mecanismo creado bajo la sombrilla de la Organización de los Estados Americanos, había trabajado durante cuatro años en el convulso país centroamericano.
Hasta ese momento, la MACCIH había llevado ante los tribunales a decenas de diputados, funcionarios y empresarios, imputados de corrupción.
Grata noticia
Como era de esperar, el anuncio del pronto arribo de un equipo de expertos de la ONU que ayude a la instalación de la CICIH fue calificada por el oficialismo como «grata noticia para el pueblo hondureño».
Las seis palabras fueron de la autoría del canciller hondureño, Enrique Reina, al confirmar el jueves la buena nueva del secretario general adjunto de la ONU, Miroslav Jenca, firmante junto al propio ministro catracho de Exteriores del memorando de entendimiento, el 15 de diciembre.
El canciller explicó a periodistas reunidos en la sede del Ejecutivo que la CICIH será una alianza entre el gobierno y las Naciones Unidas para combatir la corrupción en Honduras, que incluye los grandes casos en los cuales están involucrados carteles (del crimen organizado), y sin reparar en fronteras entre lo público y lo privado.
«La corrupción nos ha venido a atrasar muchos años en nuestro desarrollo», recalcó el canciller.
Su colega, el ministro de la Presidencia, Rolando Pastor, recordó que con la instalación de ese mecanismo será cumplido un reclamo popular surgido en las calles durante las manifestaciones (marchas de las antorchas) contra el primer gobierno de Hernández, en mayo de 2015.
Posible instalación en 2024
Pero, la instalación de la CICIH implica el cumplimiento de ciertas garantías legales exigidas por la contraparte.
«Expertos que llegarán a Honduras revisarán si la reforma constitucional es una condición necesaria para instalación de la CICIH», anticipó a mediados de marzo la coordinadora residente de las Naciones Unidas en el país, Alice Shackelford.
Expertos en la política hondureña vaticinan que la instalación definitiva de la CICIH pudiera ocurrir en 2024, penúltimo de los cuatro años del gobierno de Castro, y después que se instale la tercera legislatura en el Congreso Nacional (parlamento unicameral).
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo aspiran que para entonces haya sido aprobada una reforma al artículo 232 de la Constitución, relacionado con el funcionamiento del Ministerio Público, retoque jurídico que le otorgaría a la CICIH la facultad del ejercicio de acciones investigativas de forma independiente.
Aunque la discusión de la reforma en una primera legislatura es parte del pacto firmado por las bancadas de los partidos conservadores Nacional, y Liberal con Libre para apoyar la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en febrero, diputados del Partido Salvador de Honduras han calificado de innecesaria a la reforma, y (contradictoriamente) de justificación del Gobierno para no traer la CICIH al país.
En su descargo exponen que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el mecanismo en el que se inspiraron los indignados en 2015 para exigir una CICIH, funcionó sin necesidad de una reforma constitucional.
Sin embargo, ya desde finales de octubre la diputada por Libre Xiomara Zelaya, abogó en el parlamento por otorgar facultades de investigación a la CICIH, con la consecuente reforma del artículo 232.
«La CICIH vendrá a investigar con plenos poderes y sin distingos, los crímenes financieros contra el Estado, públicos y privados. Los que hoy critican, sin fundamento, mi propuesta de reforma constitucional por adición al (artículo) 232, apóyenme, no tengan temor», instó entonces la hija de la mandataria Xiomara Castro y del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).
Por lo pronto será necesario también reformar el decreto 116-19 que limita las funciones del Ministerio Público, así como modificar las regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
Entre tantos avatares se impone una certeza: el anuncio de Miroslav Jenca supone el pistoletazo de arrancada para la instalación de la CICIH. (Sputnik)
