Naciones Unidas, 22 may (Sputnik).- Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteraron este lunes su preocupación ante la nueva prórroga del estado de excepción en El Salvador, que ya dura más de un año, e instaron a que se levante la medida.
«(Los expertos) pidieron que se levante inmediatamente el estado de excepción y que el Gobierno revise las nuevas y amplias facultades que introdujo para hacer frente al problema de las pandillas en el país», informó el organismo en un comunicado.
Asimismo, instaron a las autoridades salvadoreñas a garantizar que no se detenga a personas «por meras sospechas de pertenencia o asociación a una pandilla sin autorización legal suficiente, que los detenidos gozan de todas las salvaguardias fundamentales exigidas por el derecho internacional de los derechos humanos y que se les garantiza el debido proceso», agrega el texto.
«El estado de excepción se declaró tras una serie de homicidios relacionados con las bandas. A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública», dijeron los expertos, consigna la nota.
Régimen de excepción
Según cifras oficiales, a septiembre del año pasado 58.000 personas habían sido detenidas en virtud de las nuevas medidas, entre ellas al menos 1.600 menores.
Seis meses después, en marzo de 2023, se informó que se había detenido a «más de 67.000» personas.
«La información recibida indica que muchas de estas detenciones son arbitrarias y algunas constituyen desapariciones forzadas de corta duración», dice la ONU.
Los expertos expresaron su preocupación por el hecho de que el Gobierno se base en el concepto de «delito flagrante permanente» para influir en las detenciones sin orden judicial de los sospechosos de pertenecer a bandas.
Según informes, alerta el organismo, las vistas iniciales, en las que los jueces revisan la legalidad de una detención y deciden sobre los cargos y la prisión preventiva, se celebran en grupos de hasta 500 personas.
«Las audiencias y juicios masivos -a menudo celebrados virtualmente- socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos», señalaron los expertos.
A su vez, advirtieron que «el uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en rebeldía y la posibilidad de utilizar prácticas como ‘jueces sin rostro’ y testigos de referencia socavan las garantías del debido proceso.»
Según la ONU, miles de familias se han visto gravemente afectadas económicamente al tener que incurrir en gastos adicionales para defender a sus seres queridos y velar por su bienestar, salud y seguridad, señalaron.
«Estas medidas amenazan con criminalizar a personas que casualmente viven en las zonas más empobrecidas y que han sido a su vez objetivo de las bandas en el pasado», concluyeron los expertos.
El parlamento salvadoreño aprobó la semana pasada por amplia mayoría la décimo cuarta prórroga del estado de excepción, decretado el 27 de marzo del año pasado en medio de ola de violencia de las pandillas que provocó en ese fin de semana la muerte de 87 personas.
Con la medida quedan suspendidos los derechos de defensa, artículo 12 inciso segundo de la constitución; el plazo de detención de 72 horas, artículo 13 inciso segundo; y la inviolabilidad de la correspondencia, artículo 24. (Sputnik)
