Puerto Príncipe, 19 jun (Prensa Latina) Los secretarios judiciales de Haití acordaron una tregua con las autoridades de justicia para incorporarse a sus labores hoy, tras casi cuatro meses de huelga en reclamo de mejores condiciones de trabajo.
La Asociación Nacional de Secretarios Judiciales confirmó en un comunicado que acordaron con el Ministerio de Justicia levantar temporalmente el paro y esperar el cumplimiento de los compromisos.
No obstante, advirtió que el movimiento podría reanudarse sin previo aviso, de no respetarse “escrupulosamente las promesas” realizadas al gremio y ofrecieron de plazo hasta el mes de agosto para el cumplimiento de las demandas.
Los empleados judiciales se declararon en huelga el 7 de marzo, y señalaron que llegaron a un punto de no retorno luego de intentar en varias ocasiones reunirse con la actual titular de Justicia, Emmelie Prophet.
“Esta enésima consigna de huelga se lanza no solo para exigir la plena aplicación del acuerdo del 3 de noviembre de 2017, sino también para exigir el respeto a los derechos de todos los empleados haitianos”, dijo a la prensa el coordinador general de la Asociación, Matin Ainé.
El gremio exige el fin de lo que denominan “discriminación en los salarios” pues existen sueldos diferenciados entre quienes realizan la misma función, al tiempo que reclaman aumentos en los honorarios y la aprobación del estatuto de escribanos con el cual podrían disfrutar de otras facilidades.
A inicios de abril Prophet se reunió con los huelguistas y discutieron sobre la administración general de los registros, los salarios, prestaciones sociales, nombramiento de los secretarios alumnos, promoción, entre otros, pero no llegaron a un acuerdo.
En los últimos años el sector fue a la huelga en varias ocasiones para exigir además el cumplimiento del convenio de 2017, mediante el cual las autoridades entregarían tarjetas de seguro y facilitarían las sesiones de capacitación.
Las huelgas recurrentes del gremio paralizan el sistema judicial, mientras que más del 80 por ciento de la población carcelaria sufre prisión preventiva prolongada.
