Ciudad de Guatemala, 23 jun (Prensa Latina) La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) señaló hoy que el proceso comicial de 2023 con fecha de voto el próximo domingo 25 está inmerso en irregularidades y en una creciente judicialización.
Estos aspectos debilitan su integridad y legitimidad, así como la de las autoridades encargadas de coordinar el evento, expuso el grupo integrado por organizaciones de la sociedad civil en su quinto informe.
Existe poca confianza desde la ciudadanía y la narrativa de fraude promovida por los candidatos excluidos, apuntó en el texto, al tiempo de sugerir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) aumentar las campañas de comunicación para incentivar el voto y reducir el abstencionismo electoral.
Previo a la convocatoria general de los sufragios, el órgano electoral fue criticado por aparentes debilidades en los procesos de empadronamiento, recordó la MOE-Gt. Alrededor de 2,8 millones de guatemaltecos quedaron fuera de ese registro, y de estos, nueve de cada 10 son jóvenes de entre 18 y 25 años, precisó.
Calificó de deficiente la socialización y comunicación por parte del TSE, en el caso de algunas reformas a los reglamentos electorales, acotó en su informe.
Más de una decena de cambios normativos se publicaron 10 días antes de la convocatoria a votaciones generales o posterior a ese acto, lo cual provocó que el desempeño de los órganos electorales y partidarios con normas claras y precisas, agregó.
La MOE-Gt describió que se aplicaron criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes para la inscripción y revocación de más de una decena de candidaturas.
Mencionó la ausencia de un análisis legal y político que asegurara la idoneidad de los aspirantes y el libre ejercicio del derecho de ser electo.
Ante tal panorama, aseguró que se generó incertidumbre jurídica y baja credibilidad en el TSE, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC).
Por ello, la cobertura mediática sobre las autoridades fue primordialmente negativa y se centró en cuestionamientos sobre la independencia de estos y la transparencia del proceso electoral, remarcó.
Descartó que la judicialización sea un fenómeno electoral nuevo, ya que desde 2019 existe una tendencia hacia el uso de recursos legales para manipular la competencia en los comicios.
Incluyó en el informe la ausencia de un director de informática en el TSE y el retraso en la adquisición del software para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), debido a críticas de oscuridad.
Unos 9,3 millones de guatemaltecos acudirán a las urnas dentro de solo dos días para elegir a un nuevo mandatario, vicemandatario, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes municipales para el periodo 2024-2028.
Si alguno de los candidatos no obtiene el 50 por ciento más uno de los votos, el TSE fijó una segunda vuelta el domingo 20 de agosto, en la que participarán los dos binomios con la mayoría de papeletas en la primera fecha.
