Ciudad de Panamá, 7 jul (Prensa Latina) Miembros de la Comisión 20 de diciembre dedicada a identificar las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989 resaltaron hoy la seriedad de sus más recientes hallazgos.
Según el secretario ejecutivo de ese colectivo, José Luis Sosa, una muestra de esa labor fueron los resultados negativos luego de los análisis de ADN del joven militar Braulio Bethancourt y la entrega de esa información a sus familiares. Sosa precisó al diario La Estrella de Panamá que ahora la familia tiene la certeza de que los restos no corresponden a Bethancourt y corresponde seguir la búsqueda de él e iniciar las investigaciones de este cuerpo que pasa a formar parte de las personas desconocidas que murieron durante la invasión.
El activista comentó que parte del desafío de reconstruir los hechos pasa por un estricto trabajo forense, contraste de documentos y recuperación de testimonios.
Precisó que los restos que estaban identificados con el nombre de Braulio Bethancourt en la fosa común en el cementerio Jardín de Paz, son parte de una treintena de restos óseos que aún faltan por identificar.
De otra parte, consideró que la declaración el año pasado del 20 de diciembre como día de duelo nacional –un reclamo de las familias de las víctimas por más de tres décadas– fue un hito histórico que representa un avance en conjunto con la creación de la comisión en 2016.
Bajo el marco de la ley que establece el duelo nacional, también se pide a las instituciones educativas hablar sobre la invasión, un asunto que por años ha sido un tabú o es visto superficialmente en el sistema educativo, agregó.
Acerca de estos acontecimientos, la abogada Gilma Camargo explicó a Prensa Latina que debe abrirse una evaluación que incluya la compensación a las víctimas, luego de años de secuelas por la inacción y obstrucción por parte de Estados Unidos.
Historiadores estiman que la denominada Causa Justa, cuyos alegados objetivos eran acabar con la supuesta dictadura, capturar al exgeneral Manuel Antonio Noriega, restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, en realidad trajo la muerte al barrio mártir de El Chorrillo.
Además de las pérdidas humanas, esta invasión ocasionó la destrucción de gran parte de la infraestructura de Panamá, dejando a miles de personas sin hogar, obligadas a desplazarse de sus domicilios, refugiándose en otros lugares.
Aunque la capital fue la más golpeada por esa operación bélica, también hubo víctimas en la caribeña provincia de Colón y en Río Hato, zonas bombardeadas e incendiadas indiscriminadamente.
El alto número de hogares y edificaciones destruidas por la invasión da muestras de que las tropas del Pentágono no hicieron el menor esfuerzo por limitarse a blancos militares, y evitar daños a las vidas y bienes de la población civil panameña.
Para activistas sociales, la invasión no ha tenido la necesaria condena internacional, pese a que un informe en 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos juzgó a Washington por las violaciones perpetradas e instó a su Gobierno a indemnizar a las víctimas.
