Ciudad de Guatemala, 14 jul (Prensa Latina) El Ministerio Público de Guatemala descartó hoy que sus actuaciones tengan la finalidad de frenar la segunda vuelta electoral o inhabilitar a algún candidato en la carrera por la presidencia.
En un comunicado “ante las opiniones generadas por algunos sectores nacionales e internacionales, así como campañas de desinformación”, la Fiscalía aseguró que continuará como garante del estricto cumplimiento de la Ley.
Describió que en seguimiento a la denuncia presentada por un ciudadano en mayo de 2022 relacionada a posibles ilegalidades en la constitución del partido político Movimiento Semilla, se recabaron pruebas científicas, documentales, testimoniales y de campo.
Con ello, agregó, se arribó a la decisión fiscal de solicitar el control jurisdiccional por la posible comisión de delitos; “actuación que es legítima de conformidad con los artículos 251 de la Constitución y 251 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.
Después de exponer argumentos legales, apuntó que de conformidad con lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad y en el marco del respeto a las garantías del debido proceso, continuará con las investigaciones correspondientes.
Especificó estas se circunscriben por lo pronto a los hechos ocurridos durante la conformación de Semilla y que no tienen como finalidad “interferir en la fecha de la realización de la segunda vuelta electoral, ni inhabilitar la participación de ningún candidato al balotaje”.
El Estado de Derecho se resguarda con un respeto irrestricto a la ley, remarcó la cartera en el texto, en un intento por apaciguar lo que llamó “campañas de desinformación sostenida”.
La realidad es que un gran desconcierto causó a nivel nacional e internacional la decisión de suspender la personalidad jurídica de Semilla, justo cuando el Tribunal Supremo Electoral alistaba la oficialización de los resultados.
Además, la orden de sacarlo en 48 horas de la carrera política y el allanamiento por parte de fuerzas de la Fiscalía al Registro de Ciudadanos de ente encargado del proceso comicial.
Provocó una ola creciente de críticasa tal actuación, calificada de atentado contra los cimientos básicos de la democracia.
En varias protestas en las calles, los participantes señalaron a la fiscal general, María Consuelo Porras, de “golpista” y “terrorista”, así como repudiaron la actitud del jefe de la Fiscalía anticorrupción, Rafael Curruchiche.
La calma parece regresar al escenario político, mientras Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, comienzan sus campañas rumbo a la segunda fase.
