Lima, 12 ago (Prensa Latina) El conservadorismo religioso, con muchos adeptos en Perú, sufrió hoy una importante derrota, con la interrupción terapéutica del embarazo por violación de una niña de 11 años, procedimiento al que ese sector se oponía.
El Instituto Nacional Materno Perinatal atendió en tal sentido el dictamen de una junta médica especializada que, según explicó, “tras la la rigurosa evaluación de este caso, llegó a la conclusión que para evitar un mal grave o daño permanente en su salud física un mal grave y permanente en su salud física y mental”.
Revocó así el insolito dictamen médico que determinó en la ciudad amazónica de Iquitos, donde radica la menor, que la pequeña víctima de pedofilia estaba en condiciones de llegar al parto.
Los integrantes de aquel primer grupo médico son ahora objeto de una investigación de la Ministerio Público por someter a la menor a tortura, como califica la Organización Mundial de la Salud al hecho de obligar a parir las niñas.
Según la abogada penalista Romy Chang, el problema es que la ley del aborto terapéutico, dictada hace casi un siglo, en 1924, y cuyo protocolo de ejecución fue aprobado en años recientes, no se aplica por el temor de los médicos a ser denunciados por práctica de aborto y ser sancionados con cuatro años de cárcel e inhabilitados para la práctica de la medicina.
Ese factor y la presión de grupos religiosos católicos y evangélicos extremadamente conservadores, parece haber determinado el fallido informe de la junta médica de Iquitos, adverso a la niña conocida como «Mila» para proteger su privacidad.
Edith Arenaza, representante de la organización no gubernamental Promsex, de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, señaló además que las autoridades de protección a los niños y del Ministerio de Salud no atendieron el problema con celeridad.
Reveló que hace dos años la violación de “Mila” fue denunciado a las autoridades, que no la protegieron, inacción se repitió inicialmente ante el embarazo y expuso a la niña y a su madre a maltratos del padrastro que violaba a la menor desde que ella tenía siete años y seguía libre pese al horrendo crimen cometido.
Explicó que solo reaccionaron ante la denuncia de Promsex y el gran impacto mediático que alcanzó la misma, lo que permitió el desenlace alcanzado.
En medio de la condena general a la pretensión de obligar a la niña a parir, hubo algunos alegatos contra la aplicación del aborto terapéutico, de elementos de la agrupación “Con mis hijos no te metas” que esgrimían el recurrente argumento de que la solución no era “asesinar a un niño por nacer” sino solo castigar al violador.
La congresista Rosángela Barbarán, parte de las decenas de legisladores afines a la citada agrupación, sostuvo que el caso de “Mila” era supuestamente usado para el avance de la causa de la legalización total del aborto.
Arenaza señaló por su parte que el drama que impactó al país no debe repetirse y el Estado peruano debe acatar la medida cautelar dictada por el Comité de derechos humanos para la defensa de los niños, a fin de que este país despenalice claramente el aborto en los casos de niñas embarazadas por violación.
