Ciudad de Panamá, 26 ago (Prensa Latina) De cara a comicios generales de 2024, avanzan hoy en Panamá las auditorías a los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular.
De acuerdo con el director de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral (TE), Isidro Carbonell, el subsidio público previsto en las normas para los aspirantes de partidos y los de libre postulación asciende a 109 millones de dólares, divididos en el periodo preelectoral y luego de la votación.
Ese monto, dijo, equivale al 1,0 por ciento de los ingresos corrientes del año anterior a la elección general, en este caso del 2023, los cuales fueron calculados en 10 mil 900 millones de dólares, según consta en el presupuesto general del Estado.
Carbonell también se refirió a los controles no solo del financiamiento público sino también a las donaciones privadas, además de las medidas que adopta el TE para evitar que el crimen organizado respalde campañas políticas.
El funcionario precisó que hasta la fecha, el 97 por ciento de los candidatos proclamados entregaron sus informes de ingresos y gastos, debido a que el período se venció el pasado 14 de agosto.
Al respecto, subrayó que la lista de donantes brinda una idea más detallada sobre si hay un monto sospechoso o bastante significativo, que les permita buscar la fuente exacta de ese dinero.
Sin embargo, reconoció que es difícil lidiar con la amenaza del crimen organizado, porque el sistema bancario pondera la privacidad de sus clientes.
De existir alguna sospecha, precisó, el caso se pasa al Ministerio Público, y así poder evitar una situación de tipo penal o de blanqueo de capitales.
También defendió el financiamiento público, pues mientras más recursos del Estado haya, menos riesgo habrá de que el proceso electoral sea usado por el crimen organizado, opinó.
La labor en este frente cuenta con alianzas con otras instituciones del Estado como la Dirección General de Ingresos, los ministerios de Trabajo y de Economía y Finanzas y la Unidad de Análisis Financiero , adscrita a la Presidencia de la República, agregó.
El Código Electoral panameño establece que quienes aspiran a presidir el país tendrán un tope de financiamiento privado de 10 millones de dólares para la elección general, mientras que para el cargo de diputado, el tope de financiamiento privado es de 300 mil dólares por candidato.
El 5 de mayo de 2024, los panameños decidirán en las urnas al nuevo presidente y vicepresidente del país, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 71 diputados a la Asamblea Nacional.
Con el voto elegirán además a 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus respectivos suplentes, para el período del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.
