Ciudad de Guatemala, 1 Sep. (EUROPA PRESS) – El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha denunciado este viernes que las autoridades, una «mafia política enquistada en las instituciones del Estado», han llevado a cabo un golpe en el país para impedir la transición de poder.
«Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde la instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país», ha destacado en una rueda de prensa.
En este sentido, ha señalado directamente a la fiscal general del país, María Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, al juez séptimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, Fredy Orellana, así como a la Junta Directiva del Congreso.
Arévalo ha indicado que hay un «golpe de Estado en curso» en el que «el aparato de la justicia» está siendo usado «para violar la justicia misma», «burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas» mediante «acciones espurias, ilegítimas e ilegales».
«Recordamos que es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en nuestra Constitución», ha destacado, instando a la población a actuar al respecto y agregando que ya han tomado «acciones legales y políticas» necesarias para «garantizar el respeto a la voluntad popular».
Arévalo, respondiendo a las preguntas de la prensa, ha asegurado además que siente «satisfacción de que la comunidad internacional» se haya «posicionado en defensa de la democracia», ya que «entiende la agresión que se está haciendo contra el Movimiento Semilla».
OEA condena la «judicialización» de las elecciones en Guatemala
Washington.- El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado este viernes una declaración que condena la «judicialización» de las elecciones en Guatemala y la suspensión del partido Movimiento Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo.
«Declara su llamamiento a que las autoridades del estado de Guatemala, incluidas las legislativas, ejecutivas y judiciales, deben respetar y garantizar los derechos civiles y políticos del pueblo guatemalteco», ha indicado en un comunicado leído por el representante chileno en el OEA, Sebastián Kraljevich.
Asimismo, ha subrayado que «la separación de poderes es esencial para el ejercicio de la democracia y que el uso del sistema legal como herramienta para intimidar y suspender indebidamente derechos civiles y políticos no es aceptable».
El Consejo Permanente de la OEA ha mostrado en la declaración su preocupación por la «continua judicialización del proceso electoral», así como por la «práctica del Ministerio Público de intimidar a las autoridades electorales» y por la suspensión llevada a cabo por la Dirección General del Registro de los Ciudadanos, que «contradice los principios de la democracia representativa».
El Consejo también se ha hecho eco de los informes de «actos de intimidación contra miembros del Movimiento Semilla y familiares», lo que ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir medidas cautelares a favor del presidente electo, Bernardo Arévalo.
En este sentido, el Consejo Permanente ha «tomando nota» de los informes de la misión de observación electoral de la Unión Europea, mientras que también es «consciente» de que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha invitado a Almagro a viajar al país para presenciar la transición de poder.
El secretario general ha subrayado que la suspensión del Movimiento Semilla «elimina las seguridades juridicas en las que se basa el Estado de Derecho». En este sentido, ha declarado que el éxito de la democracia en el país «depende claramente de que el presidente electo asuma el poder el próximo 14 de enero».
Almagro, que ha aceptado la invitación de Giammattei para estar presente en la toma de poder, ha indicado que «cualquier otra opción no es de recibo» y «significará una alteración del orden constitucional».
