Ciudad de Guatemala, 10 Oct. (EUROPA PRESS) – El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha pedido este lunes al Gobierno liderado por Alejandro Giammattei que «deje de proteger a un grupo de golpistas que actúan de manera ilegal con la intención de burlar la democracia».
«La forma de salir de esta crisis es escuchar al pueblo y responder a su legítima demanda de respetar la democracia y cesar el golpe de Estado», ha señalado después de pedir al Ejecutivo que «atienda las exigencias de la población».
Además, ha hecho referencia a las marchas que están teniendo lugar en distintos puntos del país en los últimos días, lamentando que, «después de días de movilizaciones pacíficas, grupos de choque e infiltrados han provocado violencia y vandalismo».
Horas antes, remarcó que «las manifestaciones deben permanecer pacíficas», ya que hay que «estar unidos en la búsqueda de la paz duradera, que parte de la voluntad política y que requiere de acciones inmediatas».
Así, ha vuelto a pedir a través de sus redes sociales «el cese a la persecución política ilegal, el respeto a los derechos de la población y la renuncia de los funcionarios corruptos y golpistas».
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha asegurado horas antes que los bloqueos en las carreteras en el marco de las protestas son «acciones ilegales» que vulneran los derechos de la población guatemalteca y que serán investigados por la Fiscalía.
«Dentro del marco de la ley, reconozco el derecho a manifestarse, pero en este momento un grupo de guatemaltecos están aprovechándose de dicho beneficio constitucional», ha resaltado, agregando que está «obligada a investigar todos los hechos denunciados».
Los bloqueos en las carreteras están protagonizadas fundamentalmente por sectores indígenas, civiles y estudiantes, que exigen la dimisión de Porras, así como la del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana.
Las protestas estallaron después de que el Ministerio Público realizase nuevos registros en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los que incautaron las actas de las elecciones presidenciales, ganadas por Arévalo.
