De cal y de arena
Ahora que los ciudadanos costarricenses nos aprestamos a concurrir a elecciones municipales el 4 de febrero de 2024, quiero hacer unas anotaciones de orden histórico sobre los antecedentes de la legislación electoral vigente, emergentes en sus aspectos fundamentales de las leyes que en la materia impulsó el Presidente de la República Lic. Teodoro Picado.
Es evidente que para muchos las instituciones electorales en sus características básicas tienen sus raíces en la Ley 1536 del 10 de diciembre de 1952. Pero se remontan a la administración Picado.
Tengo claro que si esas leyes promovidas por Picado hubiesen sido de intrascendente y volátil contenido, no hubieran pasado airosas la prueba de fuego a la que fue sometida toda la construcción institucional de esa administración por parte de la Junta Fundadora de la Segunda República. Por algo sobrevivió la arremetida de la administración que encabezó don José Figueres Ferrer.
Está claro que la Asamblea Legislativa, lejos de desestimar el Código promulgado en enero de 1946, se impuso la tarea de perfeccionar sus alcances dotándole al Derecho Positivo una seria de disposiciones en el interés de fortalecer principios cualitativos básicos del sufragio y de conformar la normativa constitucional que sustenta desde entonces al Tribunal Supremo de Elecciones (Tribunal Nacional Electoral, antes).
Picado había dejado constancia de sus anhelos en la materia en el mensaje presidencial del 8 mayo de 1944, cuando dijo “Estamos dispuestos a que se promulgue un Código Electoral o que se reforme la ley existente, y a que el proyecto respectivo redactado por una comisión
integrada por representantes de los tres partidos que intervinieron en la última lucha, a fin de que el derecho de sufragio de los costarricenses alcance el máximo de garantías por parte de los poderes públicos y por parte de quienes intervienen en las lides electorales”.
Al lado del presidente Picado trabajaron en este propósito dos miembros de su gabinete, muy cercanos a él, Fernando Soto Harrison y Máximo Quesada Picado. En la comisión legislativa que se integró para asumir la delicada tarea resplandecieron hombres de grandes quilates, juristas ellos, como lo fueron Francisco Fonseca Chamier, Luis Carballo Corrales y Victor Manuel Elizondo, con quienes compartieron responsabilidades otras figuras de exquisitos méritos como lo fueron, en representación del Poder Judicial, Victor Guardia Quirós, José María Vargas y Alfredo Zúñiga Pagés.
En su legado la Comisión dio al país reglas de oro para la integridad de la calidad del sufragio, como –entre otras- la autonomía para el Tribunal Nacional Electoral, el uso obligatorio de la cédula de identidad, la efectiva representación de las minorías mediante su asignación por la vía del subcociente, la restricción de las potestades del Congreso para reformar el Código en período electoral, la restricción de la facultad del Poder Ejecutivo para conceder indultos o amnistías por delitos políticos, la inhibición de la potestad para suspender las garantías constitucionales en período de celebración de elecciones, y la restricción de las facultades del Congreso para reformar el Código en período electoral.
Armadura que ciertamente halagó al presidente Picado y que –por constituir un certero aporte a la institución del sufragio que merece una democracia- encontró auspiciosa acogida en los gobiernos que sucedieron al de 1944-1948.
“El Código se ha mantenido en pie –escribió don Teodoro- siendo ese el mejor tributo que la Junta de Gobierno y la oposición misma pueden hacerle a mi Gobierno”.
No dudo de lo que el Código Electoral –desde aquellas raíces a lo que hoy ha evolucionado- es pieza fundamental en la consolidación de la democracia costarricense. Habrá que ver si la institucionalidad que caracteriza esa nuestra democracia, va a padecer resquebrajaduras por efecto de la crisis de los partidos, la ausencia de liderazgos políticos, la irrupción de los cacicazgos cantonales, la desesperada lucha de fuerzas desatada por los grupos de presión y…. la horadación que se evidencia ya por la irrupción de las redes del narcotráfico.
(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista
Ya el TSE debe desligarse de la mafia tradicional política, la cual ha encadenado y prostituido nuestra democracia. Que esos magistrados electorales sean nombrados por altos Magistrados impregnados y conectados políticamente es un resguardado tácito corrupto encadenamiento, el cual no nos garantiza que se respete la voluntad y esperanzas de nuestras gentes. Sabemos que históricamente las buenas intenciones del pasado se han consolidado, pero el hoy nos ha impregnado de títeres o figurones con indigente mentalidad que se dejan llevar por un partido que se ha corrompido hasta la médula. Y eso lo apreciamos más en la actualidad, donde por la magia de la tecnología cibernética, se programan cuotas de poder compatibles calculadas para dominar el legislativo. Se dan hasta el lujo de determinar cual tiene más vacío el ayote o comprometido para ser elegido. Ya debemos reformar esos nominados, los cuales pueden escogerse individualmente, separados de las tradicionales argollas, donde el votante tenga el acceso en conocer cada candidato. Apartar y eliminar los paquetes pre-elaborados que los añosos partidos nos tiene acostumbrados es saludable a nuestra democracia por cuanto ya son décadas donde se han creado odiosos privilegios, ventajas y dudosas conexiones que solo beneficiados particulares gozan hasta familiarmente. Esas élites les ha dado seguridad jurídica, legal y trato especial en sus millonarios negocios, como nos ha sucedido con la tal ley de lista negra que el Ejecutivo veto y estos aprobaron con un vulgar resello, sin el menor escrúpulo. Así funcionan los corruptos, con la mayor frescura.