Ciudad de México, 18 oct (Sputnik).- Más de 50.000 trabajadores de la administración de la justicia mexicana fueron llamados a un paro nacional de labores en protesta por la extinción de 13 fideicomisos por unos 800 millones de dólares que administra esa rama del Estado, anunció el miércoles el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
«Hoy queremos que nos escuchen con respeto, pero sobre todo con amor de México, sin confrontar, sin enfrentamiento; por eso se acordó llevar a cabo el paro nacional de labores, por lo pronto, hasta el 24 de octubre», dijo el líder sindical Óscar Alonso Yañez Valladares, oficial administrativo y actuario judicial.
Los líderes de los trabajadores se reunieron frente al Palacio de Justicia en la capital del país, para acordar las acciones que emprenderán los empleados administrativos de la judicatura, actuarios, proyectistas y otros cargos judiciales, para votar a favor de esta medida luego de tres días de protestas callejeras contra el fin de los fideicomisos que consideran parte de sus derechos laborales.
La Cámara de Diputados aprobó la noche del martes -con 259 votos a favor y 205 en contra- una reforma para la extinción de 13 de los 14 de fideicomisos del Poder Judicial, otorgando media sanción a un proyecto promovido por la bancada oficialista y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Si el dictamen de los diputados es aprobado en la cámara alta, sólo se mantendría un fondo de apoyo a la administración de la Justicia, por más de 300 millones de dólares (unos 6.000 millones de pesos).
El oficialismo propone que los fondos de los fideicomisos se destinen a pensiones a personas con discapacidades.
Antecedentes y próximos pasos
Los representantes del sindicato nacional de trabajadores de los altos tribunales y juzgados de diversas instancias votaron a favor del paro, y comunicarán la decisión a sus agremiados en un enlace electrónico al atardecer el miércoles, para formalizar el acuerdo.
«Habrá una reunión vía Zoom con todas la secciones a nivel nacional, para acordar formalmente el paro nacional», dijo por su parte secretaria de Información del Sindicato Nacional del Poder Judicial, Claudia Mejía.
El llamamiento al paro fue aprobado en una asamblea de dirigentes nacionales de órganos jurisdiccionales, tribunales y juzgados de la capital y algunos estados del país, respaldados por cientos de sindicalistas frente al Palacio de San Lázaro, sede del Poder Judicial.
El Gobierno de México publicó en sus redes sociales, horas antes de la votación en el Congreso un mensaje que reza: «No hay nada que haya hecho el Poder Judicial en beneficio del pueblo».
El texto firmado por López Obrador agrega: «Quisimos detener las privatizaciones del petróleo, de las pensiones de los trabajadores y maestros, ningún amparo prosperó».
La bancada de los partidos de la oposición afirman que el oficialismo ha emprendido una «venganza», por las decisiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia en contra de las reformas a la carta magna promovidas por el Gobierno, dictaminadas como «inconstitucionales».
Varias pancartas de los manifestantes rezaban: «Los fideicomisos no son privilegios, son derechos laborales».
El magistrado del máximo tribunal federal Luis María Aguilar declaró en un discurso que «es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el poder judicial sea en beneficio de ningún ministro de la Corte (…), ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio o prebenda, mucho menos con un privilegio para los ministros».
El objetivo de esos fondos es en beneficio de jueces y empleados del Poder Judicial «para que tengan tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo», agregó.
Los inconformes afirman que «hay voces que buscan desestabilizar el trabajo que realizan jueces y ministros» de los tribunales.
Durante las manifestaciones, al menos 90 juzgados y tribunales dejaron de operar, en los días previos a la votación en la Cámara de Diputados.
El Consejo de la Judicatura Federal advirtió por su parte que la extinción de los fideicomisos «pondrá en riesgo los compromisos de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), que en materia de justicia laboral exige órganos jurisdiccionales».
Según los líderes sindicales la anulación de los fideicomisos afectará la operación diaria de los 918 juzgados y tribunales del país, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, los salarios y prestaciones laborales de más de 51.000 funcionarios.(Sputnik)
