Ciudad de Guatemala, 18 oct (Sputnik).- Las versiones sobre un supuesto fraude en las elecciones generales del 25 junio y la segunda vuelta del 20 de agosto en Guatemala carecen de evidencias y argumentos, afirmó este miércoles Salvador Biguria, expresidente de la Junta Electoral del Distrito Central de los comicios.
«Seguir, a estas horas del partido, con esta cantaleta del fraude, sin evidencias y sin argumentos, realmente es algo completamente ridículo», dijo Biguria durante un programa de análisis sobre el tema del grupo radial Emisoras Unidas.
No obstante, citado en la cuenta de la red social X del medio, advirtió que «desafortunadamente es una causa raíz de la crisis en la que estamos actualmente».
La ex magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ana Ely López Oliva también rechazó los intentos de alterar los resultados expresados libremente por la población en las urnas y que dieron la victoria al abogado y tenaz opositor a la corrupción Bernardo Arévalo.
«Querer deteriorar, descalificar y pensar que todavía se puede cambiar el resultado es iluso y es maquiavélico. No estamos hablando de algo con buena intención, sino de deteriorar la imagen de la democracia y del evento electoral», dijo, citada en X.
La ex magistrada López Oliva recordó que durante las últimas elecciones dentro del periodo democrático, el proceso electoral ha sido respetado y considerado uno de los más transparentes de la región.
«No hay manera de hacer fraude por la forma en como se maneja el proceso», subrayó López Oliva.
Las denuncias de fraude se desataron luego que Arévalo logró pasar al balotaje de agosto pese a estar totalmente fuera de las opciones de triunfo en las encuestas, que le asignaban un octavo lugar con un respaldo popular que apenas superaba el uno por ciento.
Tras los comicios de junio el fiscal especial del Ministerio Público (MP) Rafael Curruchiche interpuso una demanda para ilegalizar el Movimiento Semilla, el partido fundado por Arévalo y otros sectores opuestos a la corrupción, y el juez Fredy Orellana suspendió a la organización cuando faltaba más de un mes para la segunda vuelta.
No obstante, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la sentencia de Orellana porque las leyes de Guatemala prohíben la suspensión de los partidos mientras esté vigente el proceso electoral, que formalmente finaliza el 31 de este mes, de acuerdo con el calendario aprobado por el TSE.
Curruchiche y Orellana ordenaron luego cuatro allanamientos del TSE y en el último, el 30 de septiembre, los fiscales se llevaron las cajas con los documentos originales con los resultados de las elecciones, hecho que se convirtió en el detonante del paro cívico nacional convocado por los pueblos originarios mayas y que este miércoles cumple 17 días en Guatemala.
Las principales demandas de los manifestantes son el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y las renuncias de la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, de la fiscal Cinthia Monterroso y de Curruchiche y Orellana, a quienes acusan de operadores del «pacto de corruptos» que pretende destruir la democracia guatemalteca. (Sputnik)
