San José, 26 oct (Elpaís.cr).- El presidente Rodrigo Chaves sacudió el adormilado tema del llamado fraude bursátil y financiero de Aldesa Valores en manos del Ministerio Público y que podría prescribir en los estrados judiciales en junio del próximo año.
Chaves Robles, junto con inversionistas afectados, demandaron justicia pronta y cumplida en el caso de Aldesa Corporación de Inversiones y que hizo perder millones de colones a unos 27.000 trabajadores de asociaciones solidaristas, 351 personas físicas -muchas de ellas que fallecieron sin recuperar sus ahorros- y 177 personas jurídicas, la mayoría pequeñas empresas.
De acuerdo con información pública fueron desaparecidos US$222 millones de Aldesa Corporación de Inversiones, más de US$100 millones de Monte del Barco, fondo para el proyecto turístico en Papagayo que nunca se construyó, además de proveedores a quienes Aldesa quedó debiendo US$51.000.000, a la Caja Costarricense de Seguro Social a la que no pagó ¢290.000.000 y a Hacienda US$10.000.000.
Entre tanto, unos US$12.000.000 por concepto de intereses de los inversionistas se encuentran congelados en cuentas bancarias, dinero al que los afectados no tienen acceso para paliar sus necesidades, ya que los ahorros de toda una vida fueron invertidos en Aldesa.
“Yo sé que este es un caso difícil, pero los recibo a ellos porque hay una cosa que uno como ciudadano y presidente tiene que interiorizar y es que hay silencios que son verdaderamente ensordecedores, que lo vuelven sordo a uno. Una supuesta estafa de una magnitud que podría ser cientos de veces mayor al robo que hicieron al Banco Nacional”, dijo Chaves sobre la labor del Ministerio Público (Fiscalía).
Flora Fernández, una de las afectadas y que ha sido determinante en la lucha por recuperar los dineros perdidos, aseguró que la presencia de este grupo en la Presidencia de la República contrasta con la indiferencia y complicidad de muchas autoridades del país que nunca los quisieron recibir.
“Esto es realmente insólito para nosotros, porque incluso el Presidente anterior (Carlos Alvarado) tomó partido con la Corporación Aldesa en contra de todos nosotros y además ver tanta prensa es esencial, porque nunca habíamos tenido tanta divulgación del fraude bursátil, financiero y de corrupción más grande la historia de Costa Rica no había tenido la cobertura que está teniendo hoy”, aseveró.
Recordó que el 9 de junio del año 2019 Javier Chaves Bolaños, el principal imputado, fue indagado por el Ministerio Público y a la fecha no se ha elevado a juicio y según los afectados no se ha hecho nada para interrumpir la prescripción.
La Fiscalía se defiende
La investigación por el denominado “caso Aldesa” presenta avances significativos y suma, hasta la fecha, múltiples diligencias que han permitido recabar evidencia relevante para la causa, que se tramita por los presuntos delitos de estafa e infracción al artículo 158 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica denominado reducción de la pena, según informó la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos.
El despacho indicó que, tras los actos de investigación realizados dentro del expediente 19-000157-1220-PE, el progreso del caso está ligado a la recepción de cuatro informes solicitados a la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros (SADEF) del OIJ.
Se trata de informes de auditoría forense, dos de estos relacionados con los hechos en perjuicio de los inversionistas y los dos restantes son ampliaciones requeridas por el Ministerio Público (MP).
La Fiscalía fijó a la SADEF plazo para la presentación de dichos informes, el cual venció al pasado 24 de octubre, día en que la Sección solicitó una extensión hasta el 31 de octubre, al indicar que estos ya fueron finalizados y únicamente se está a la espera de la revisión y aval finales de la jefatura de la oficina.
El despacho del MP acogió la petición y otorgó la extensión del término por una única vez, a efectos de contar con los informes y el respectivo visto bueno a la mayor brevedad.
Investigación compleja vs. prescripción. La causa es de suma complejidad y está compuesta por 5,323 folios en el legajo principal, dos legajos de prueba con 535 folios, así como 20 legajos de denuncia y prueba de inversionistas que suman 3,536 folios.
El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, señaló que, pese a que todo caso siempre supone un eventual riesgo de prescripción, en esta causa el riesgo es bajo, puesto que la Fiscalía de Delitos Económicos tiene control de los tiempos.
«Tenemos monitoreados y controlados los plazos de prescripción para finalizar la investigación y llevar el caso a los Tribunales de Justicia, antes de que prescriba. Por eso, queremos informar a las víctimas del proceso y a la sociedad en general que hemos llevado a cabo esta investigación con mucho compromiso, de manera seria y muy coordinada con la policía judicial y en apego absoluto a la ley. La complejidad de la investigación y los recursos disponibles para concluir la misma, han sido factores que han influido en el tiempo de investigación, sin embargo, el Ministerio Público ha cumplido a cabalidad con sus deberes para recopilar la prueba necesaria en este caso», señaló el jerarca.
De acuerdo con la fiscalía especializada, de 26 denuncias que existen, 22 de estas prescribirían entre los años 2028 y 2029 y en las cuatro restantes, la prescripción regiría dentro de poco más de siete meses, específicamente el 10 de junio de 2024.
Como parte del caso, se indagó al imputado de apellidos Chaves Bolaños, el 10 de junio del 2019, en relación con los hechos aparentemente cometidos en perjuicio de cuatro de las 26 personas ofendidas apersonadas formalmente al proceso (entre personas físicas y jurídicas).
Actualmente, Chaves cumple las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar cada dos meses y no acercarse a testigos y ofendidos.
El proceso también ha demandado la ejecución de numerosas diligencias investigativas, tales como las siguientes:
– 13 sitios allanados.
– Dos aperturas de evidencia de lo decomisado en allanamientos: 152 evidencias cajas y bolsas, así como 83 dispositivos electrónicos.
– Revisión de la totalidad de la prueba documental y análisis de los documentos de relevancia para la causa, revisión de la prueba digital, entre ellos la totalidad de los teléfonos que fue posible aperturar.
– Revisión de los correos electrónicos de 8 archivos de correo, perteneciente a los funcionarios de Sugeval, cada uno con un aproximado de 25,000 correos por archivo.
– Revisión de correos electrónicos de 6 funcionarios de Aldesa, con un aproximado por cada archivo de correo de 30,000 correos.
– Revisión de un total de 4,425 de archivos que se obtuvieron de la base de datos de Aldesa.
– Entrevista a 11 testigos ofrecidos por los denunciantes.
– Más de 20 solicitudes de levantamiento del secreto de información privada (CCSS) de tipo bancario, tributario y bursátil.
– Reuniones constantes de dirección funcional con la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros (SADEF) del OIJ.
Flora Fernández resaltó durante la rueda de prensa con Chaves Robles que la Fiscalía ha tenido cuatro años y medio para estudiar el caso y esperan que se haga un trabajo verdadero y se tenga una sentencia ejemplarizante «para que se terminen los actos de corrupción que quedan en la impunidad».
Las vacas sagradas están política y jurídicamente conectadas. Así ha sucedido en el pasado con otros conocidos fétidos tamales, donde la justicia va como el cangrejo, mientras los pájaros de cuenta circulan a la libre. Mientras sus víctimas en la barrera, sucumben de cólera, deprimidos y desmoralizados. Vaya seguridad jurídica, donde la élite con dinero es billete a la impunidad.