Ciudad de Panamá, 28 oct (Prensa Latina) El contrato suscrito entre el Gobierno y Minera Panamá suscitó una ola de protestas sociales que signaron la semana que hoy concluye.
Las organizaciones que integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida encabezaron las manifestaciones que reclaman la derogatoria de la llamada Ley 406, que avala las operaciones de la filial de la transaccional canadiense First Quantum, para la extracción de cobre en Donoso (Colón).
Los colectivos señalan que el acuerdo vendepatria permite el robo de los recursos naturales y además causa severos daños ambientales, y se sustenta en un pacto declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
El movimiento popular también exige una moratoria a la actividad extractiva y una consulta ciudadana en la que el soberano con su voto en las urnas decida si quiere o no un país minero.
Las manifestaciones como regla concluyen con enfrentamientos violentos con unidades antimotines de la Policía Nacional que reprimen a los participantes con el uso de gases lacrimógenos y balines, acción que ha sido denunciada por organismos internacionales y de derechos humanos, entre otras.
Ante el caos imperante se han suspendido las clases, gremios magisteriales y médicos iniciaron paro de labores y el transporte de carga detuvo sus operaciones por problemas de seguridad.
La actual crisis política obligó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, a dirigirse a la nación en dos ocasiones en mensajes radiotelevisados.
En el primero de ellos defendió los beneficios económicos del pacto minero y llamó a respetar las leyes, lo que despertó mayor indignación en los protestantes.
En el segundo firmó un Decreto ante cámaras para impulsar una moratoria minera al dar indicaciones para que el Ministerio de Comercio e Industrias suspendiera las nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en todo el territorio nacional.
Sin embargo, líderes sindicales como Saúl Méndez, catalogaron de inaceptable el mensaje presidencial y llamaron al pueblo organizado a mantenerse en las calles hasta lograr la revocatoria del leonino contrato.
«Nuestra demanda es clara: derogar la Ley y cerrar la mina que causa daños ambientales y al patrimonio de todos los panameños», remarcó.
De otra parte, calificó la alocución de otra maniobra de un Gobierno irresponsable y llamó al soberano a no dejarse confundir y a mantener la presión en las calles.
En la semana escenarios como la Plaza 5 de mayo, en las inmediaciones del Parlamento; Catedral, en el Casco Antiguo, en los alrededores de la sede del Ejecutivo; además de la Cinta Costera y calle 50 devinieron el epicentro de encendidas protestas contra la Ley 406.
Por seis días consecutivos, miles de personas se concentraron para marchar contra el contrato minero y exigirle al Gobierno que derogue la norma.
