Ciudad de Panamá, 29 oct (Prensa Latina) Tras una semana de protestas sociales, el descontento popular es creciente hoy en Panamá por el contrato suscrito entre el Gobierno y una empresa minera trasnacional, avalado en la Ley 406.
La ola de manifestaciones en todas las provincias y sobre todo en la capital se multiplicó luego de dos mensajes a la nación del presidente de la República, Laurentino Cortizo, en los que defendió el pacto con Minera Panamá y en otro que decretó moratoria a la actividad extractiva, pero solo para nuevas concesiones.
A lo que llaman otra maniobra del Ejecutivo para manipular la opinión pública se añade que la Corte Suprema de Justicia admitió dos de cinco demandas de inconstitucionalidad del contrato, pero según las normas vigentes habrá que esperar hasta 10 días para algún pronunciamiento.
En su intento por aplacar las manifestaciones que suelen concluir en mitines en las cercanías de las sedes del Gobierno y de la Asamblea Nacional (parlamento), unidades antimotines utilizaron gases lacrimógenos vencidos, según denuncias de la Defensoría del Pueblo.
La víspera, miles de personas inundaron avenidas principales de la capital, como Cinta Costera, calle 50 y Vía Israel para insistir en un solo reclamo a nivel nacional: que se derogue la Ley 406 y se cierre la mayor mina de cobre de Centroamérica, en Donoso (Colón),operada por la canadiense First Quantum Minerals.
Desafiando la lluvia y el cansancio, los participantes en la caminata, en su mayoría jóvenes y miembros del movimiento “Sal de las redes”, también ambientalistas e integrantes de organizaciones sociales y sindicales que integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida aseguraron que permanecerán en las calles hasta derrotar el leonino contrato.
Entre las nuevas acciones anunciadas por los colectivos, sobresalen la peña Resistencia Cultural Antiminera, este domingo; en las inmediaciones de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, a la que que seguirá otra caminata por Calle 50 y para el miércoles una marcha patriótica por la Cinta Costera.
Las manifestaciones llegaron incluso hasta el puerto internacional de Punta Rincón, Donoso, provincia de Colón, el cual es utilizado por Minera Panamá para transportar el material de cobre extraído de las montañas de esa región.
Los ciudadanos arribaron en varias lanchas para pedir la salida del país istmeño de la compañía. Otras personas protestaron frente a las casas de diputados que sancionaron la norma en el pleno del Legislativo de manera maratónica.
Otros grupos repudian el pacto en concentraciones y cierres viales como en La Chorrera y Arraiján(Panamá Oeste), Aguadulce(Coclé), David (Chiriquí), Chepo (Panamá este), Santiago (Veraguas) y Darién.
Incluso residentes panameños en el exterior como en la ciudad de Nueva York(Estados Unidos), Toronto(Canadá) y en Barcelona( España) reportaron protestas en respaldo a la causa nacional, que recuerdan la gesta de enero de 1964 en la que jóvenes lucharon por la soberanía en la zona del canal de Panamá en manos entonces de Estados Unidos.
Agrupaciones como Jóvenes Unidos por la Educación se sumaron también a las voces de otras organizaciones que rechazan la actividad minera en el país.
Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) y Naciones Unidas pidieron al Estado panameño cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y, en particular, las derivadas del derecho a la protesta.
En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el politólogo Richard Morales, compañero de fórmula de la candidata presidencial independiente a la consulta de 2024, la economista Maribel Gordón, indicó que la reacción del pueblo ante el contrato minero constituye un referendo anticipado del país que queremos, de justicia y vida digna, sin minería.
