San José, 25 nov (Prensa Latina) La presentación de una nueva política nacional de seguridad y después las discrepancias entre Gobierno y parlamento sobre cómo abordar esta situación, acapararon la atención durante la semana que cierra hoy en Costa Rica.
La criminalidad y el narcotráfico se asientan en esta nación centroamericana y cómo ponerle freno causó choques entre los poderes del estado, en especial en los últimos días tras presentarse esa propuesta.
El Ministro de Seguridad, Mario Zamora, explicó que el país se encuentra ante un momento histórico en el que hay que tomar decisiones extraordinarias.
Al hacer un balance sobre lo que se ha hecho hasta ahora, explicó que la nueva estrategia se sustenta en un trabajo previo.
En su exposición lamentó la cifra de homicidios reportados hasta la fecha, «pues no podemos ver esos datos con normalidad», y pensar que solo sucede en algunas partes del país, si no reforzamos nuestro modelo de gestión esa cifra puede ser el comienzo de algo peor.
La Política de Seguridad Pública consta de cuatro ejes: Prevención social, Criminalidad común, Crimen Organizado y Narcotráfico, Protección y Defensa de la Nación.
En realidad, apuntó, ha sido un año en extremo violento por la guerra de pandillas que disputan territorios para el tráfico de drogas, que demanda acciones rápidas que logren contener el fenómeno.
Sobre las medidas concretas explicó que incluye inteligencia policial, en las operaciones para identificación de sicarios y bandas criminales; así como sus zonas de operación y franjas horarias de intervención, planes de control territorial preventivo (retenes dinámicos), interpoliciales mediante la adopción de operaciones conjuntas y combinadas.
Luego de esta presentación, el presidente Rodrigo Chaves aseguró que se requiere acción conjunta de Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para combatir criminalidad.
Sin embargo, acusó a diputados y magistrados de no hacer lo que corresponde y además, desconvocó la agenda de Gobierno en Asamblea y anunció que convocará 26 proyectos priorizados por legisladores.
En este ciclo de la Asamblea Legislativa, que se extiende hasta fines de enero de 2024, se discuten proyectos presentados por el Ejecutivo, entre ellos los vinculados a enfrentar la inseguridad.
Para el mandatario, el Poder Ejecutivo no puede condenar a los delincuentes ni promulgar leyes más rígidas contra la delincuencia, son potestades del Poder Judicial y del Poder Legislativo en medio de un discurso en el que aseguró que el sistema judicial enfatiza la defensa de los derechos de los criminales.
Mientras, los diputados señalan que la mayoría de esas iniciativas presentadas por el Ejecutivo tienen serios problemas al rozar con la Constitución Política o con otras leyes, lo que los hace inviables.
Además, que no se ha planteado iniciativas que ataquen la crisis desde su integridad, ya que solamente tienen un fin represivo.
El Congreso, entonces, ante esa decisión del mandatario, mediante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico trabajará en 22 iniciativas que ellos mismos habían presentado al Gobierno como prioritarias.
