Montevideo, 25 dic (Sputnik).- A pesar de que Sudamérica ha sufrido una profunda sequía en los últimos tres años, Uruguay carecía de protocolos de actuación en mayo de este año, cuando la bajante del río Santa Lucía comenzaba a dejar sin suministro de agua potable a Montevideo y su área metropolitana, poblada por cerca de 1.500.000 habitantes.
Entonces, comenzaron los parches que intentaron, con éxito, llevar normalidad en un tema bien delicado para este país sudamericano: la calidad y cantidad de agua potable, que históricamente fue orgullo de la nación y cuyo acceso irrestricto es consagrado en el artículo 47 de su Constitución.
«El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales», dicta la carta magna uruguaya.
Ese derecho se vio entorpecido a principios de mayo, cuando Obras Sanitarias del Estado (OSE) solicitó al Ministerio de Salud Pública una excepción en los valores de sodio y cloruro del agua potable, con el fin de administrar los bajos niveles del recurso hídrico proveniente de la única toma que tiene el área metropolitana y extender la seguridad en el abastecimiento a la población.
Así, uruguayos y uruguayas comenzaron a sentirle un gusto salado al agua que salía de sus grifos y comenzó un período que se extendería por 111 días, en los que tuvieron que proveerse de pozos semisurgentes, comprar agua embotellada y asistir resignados a una ola de calefones y termotanques rotos.
«Tuvimos que ir a tomar agua salada del Río de la Plata y mezclarla para asegurar por lo menos el funcionamiento de los sistemas sanitarios de la ciudad y no cortar el suministro de agua. Lo que vimos fue el futuro y la comprobación en el presente de la necesidad de tener mayor cantidad de reservas de agua dulce para que pueda producir agua potable», afirmaba entonces a la Agencia Sputnik quien durante la crisis fuera uno de los directores de OSE en representación del opositor Frente Amplio (izquierda), Edgardo Ortuño.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzó a repartir dos litros de agua por día y por persona a todas la mujeres embarazadas y todos los niños de cero a dos años que reciben asignaciones, beneficiarios del programa de enfermos crónicos de la cartera y «todos los pacientes con insuficiencia renal crónica y con cirrosis en tratamiento».
El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció un paquete de medidas entre las que destacaron la construcción de la represa de Paso Belastiqui, que permite la contención de agua dulce, oficia como barrera contra la intrusión salina y sirve como rueda de auxilio a la malograda cuenca del río Santa Lucía.
Sin embargo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, demoró 46 días en decretar la emergencia hídrica, que incluyó la quita de impuestos al agua embotellada y la difusión de un informe diario con los valores del agua que se suministra a la población que reside en Montevideo y la zona metropolitana, a la (no tan) vieja usanza de la pandemia de covid-19.
Uno de cada tres ciudadanos del área metropolitana llegó a recibir el equivalente a dos litros de agua envasada por día.
Las reservas comenzaron a crecer a principios de julio, la represa inició su bombeo y el 23 de agosto el Gobierno dejó sin efecto la declaración de emergencia hídrica en la zona metropolitana.
«Hay una falta de previsibilidad (de) por lo menos tres años. No hubo previsión, no se adoptó la decisión central, que era aumentar las reservas de agua dulce para enfrentar la sequía. Y una vez resueltas, no hacer las reservas, no se tomaron medidas como, por ejemplo, la construcción de esas bases en tiempo y forma. Se termina construyendo cuando ya no es necesaria y ya no necesitamos agua dulce porque se recuperó (el caudal de la represa de) Paso Severino», planteaba Ortuño, subsecretario de Industria, Minería y Energía entre 2010 y 2014.
El Gobierno decidió acelerar un viejo proyecto, muchas veces cajoneado, que plantea tomar agua del Río de la Plata en forma perpetua, a la altura del poblado de Arazatí, en el departamento de San José (sur), que despertó muchas críticas por parte de la oposición, la academia y los habitantes del lugar.
Ni ese proyecto, ni el que plantea la oposición -también en la cuenca del Santa Lucía- parecen ser una solución definitiva para un problema que seguramente se repetirá.
«Yo creo que para el futuro tenemos que repensar la organización de OSE como empresa», asume el actual subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla.
«Una empresa que tenga mayor independencia, autonomía en las diferentes regiones. Hay que hacer un cambio cultural con el que la sequía nos dejó, una lección importante con respecto a cambiar la cabeza respecto a ese concepto del agua», agrega.
La situación demostró que Uruguay tiene el agua, pero por falta de previsión, la está dejando correr. (Sputnik)
