Ciudad de Guatemala, 10 Ene. (EUROPA PRESS) – El presidente en funciones de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha afirmado este miércoles que sería un «error histórico» no responsabilizar al presidente electo, Bernardo Arévalo, que tomará posesión este domingo, de las violentas protestas que estallaron en el país durante el periodo de transición.
«Sería un error histórico no consignar la responsabilidad del presidente electo, don Bernardo Arévalo, quien llamó a manifestarse contra la autoridad del sistema judicial», ha indicado durante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrado este miércoles en Washington.
Giammattei ha resaltado que las protestas produjeron un «desmán social que amenazó a la población» debido al bloqueo de calles y carreteras, el cierre de comercios, así como actos de vandalismo y extorsión «que atentaron contra las garantías constitucionales de libertad de locomoción, trabajo y salud».
Asimismo, ha vuelto a recordar que estos hechos contaron con «financiación internacional». Pese a ello, las autoridades salientes siempre favorecieron «el diálogo y la paz», no así Arévalo, a quien ha acusado de «negarse a promover la negociación pacífica» tras suspender su participación en el proceso de transición.
Por otro lado, también se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra tras la retirada de la inmunidad de cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el marco de una investigación en contra del organismo por la compra fraudulenta de un programa informático, una decisión respaldada por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca.
«Bajo argumentos sin fundamento, me hicieron responsable a mí y a personas allegadas a este servidor pese a que el retiro de inmunidad fue solicitado por el Ministerio Público y aprobnado por la Corte Suprema de Justicia», ha sentenciado.
En este sentido, ha dicho que el antejuicio a los cuatro magistrados «no está relacionado con el resultado de las elecciones, sino con el posible mal uso de los recursos del presupuesto asignado para las elecciones», denunciado por la Contraloría General de Cuentas al Ministerio Público.
«Esta situación generó desmedidas reacciones de grupos locales y aún de países y organizaciones internacionales que descalificaron al unósono a las autoridades judiciales y además atacaron al Ejecutivo bajo argumentos sin fundamento», ha sentenciado.
El Ministerio Público de Guatemala ha llevado a cabo numerosas acciones para inhabilitar los resultados de los comicios o ilegalizar a la formación política vencedora, el Movimiento Semilla, en las elecciones de octubre, una postura que ha recibido la condena de la comunidad internacional.
