Bogotá, 17 ene (Sputnik).- El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, se reunió este miércoles con su homóloga de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, para dialogar sobre la posible reparación de presos, informó la cancillería colombiana.
«Durante el encuentro hablaron sobre el papel de los dos países en la integración latinoamericana y de cómo avanzar en acciones que permitan una colaboración judicial que, en el caso de la repatriación de presos, sea respetuosa de los sistemas jurídicos de ambos países y de las condiciones particulares de las personas privadas de la libertad, bajo el entendido de que cada caso debe estudiarse individualmente», dijo la cancillería en un comunicado.
El encuentro se dio en el marco del Foro Económico Mundial que se realiza en la ciudad suiza de Davos.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo la semana pasada en una entrevista que el Gobierno planeaba comenzar en los días siguientes la deportación de 1.500 presos extranjeros en medio de una ola de violencia con motines en cárceles, quema de autos y explosiones en las calles.
Noboa detalló que la idea es empezar con Colombia cuyos nacionales, juntos con venezolanos y peruanos, representan el 90 por ciento de la población extranjera en las cárceles ecuatorianas.
La cancillería colombiana recuerda que, el 10 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y el de Derecho comunicaron la disposición del Gobierno de activar el trámite de repatriación de connacionales privados de la libertad en Ecuador, que se rige por el Convenio sobre el tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves.
El Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, firmado por Colombia y Ecuador el 18 de abril de 1990, obliga a estudiar caso por caso las solicitudes de repatriación de connacionales en el exterior.
El trámite de repatriación de ciudadanos colombianos en el exterior obliga a estudiar caso por caso las solicitudes, “ya que es un proceso individual (no masivo) que responde a criterios objetivos y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de la libertad”, concluye la cancillería. (Sputnik)
